Otro proyecto del radicalismo para transparentar el INDEC

Edificio del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC).

El radicalismo presentó otro proyecto para modificar el funcionamiento del cuestionado y polémico Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), iniciativa que se convirtió en una de las principales banderas de la oposición desde que en junio del año pasado triunfó en las elecciones y le arrebató la mayoría al kirchnerismo en ambas Cámaras del Congreso.

El proyecto, que pertenece al diputado Miguel Ángel Giubergia y lleva la firma de otros 14 legisladores de la UCR, propone modificaciones en el Sistema Estadístico Nacional (SEN), complejo orgánico de todas las dependencias del Estado nacional (entre ellas el INDEC), los estados provinciales y municipales, de los organismos desconcentrados, descentralizados, entidades autónomas autárticas, que recopilen datos de información estadística. El mismo será independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, y quedará bajo la órbita del Ministerio de Economía, y tendrá acción en todo el territorio nacional.

Según consta en el proyecto, que fue presentado el viernes de la semana pasada, el SEN deberá sistematizar, mantener, consolidar y divulgar la información estadística disponible en bancos de datos y redes de comunicación, producida en el INDEC, mediante un plan de publicaciones, biblioteca abierta y disponibilidad de archivos electrónicos.

El proyecto de Giubergia pretende modificar la estructura direccional del INDEC, intervenido desde 2007. El diputado explicó en diálogo con ámbito.com que la idea es que el organismo esté integrado por un presidente, un vicepresidente y tres vocales, designados por el ejecutivo previo concurso público de oposición y antecedentes, con acuerdo del Senado. Éstos deberán reunir una serie de requisitos, entre ellos la de tener experiencia en el área, y estarán en el cargo cinco años con la posibilidad de renovar su mandato. Tanto para la designación como para la remoción de los directores, el Ejecutivo deberá consultar previamente a una comisión de la Cámara alta.

También en el proyecto se estipula que en caso de violar el secreto estadístico y de alterar los índices, se aplicarán multas que pueden llegar hasta los $500 mil y en caso de recurrencia sanciones penales.

Nadie puede invertir en un país donde no hay credibilidad en las estadísticas, explicó Giubergia. Su opinión está además reflejada en los fundamentos del proyecto: Nos preocupa el daño que pudiera provocarse a las estadísticas oficiales y su credibilidad. Ellas son un bien público y como tal es el Estado el responsable de proveerlas y también de preservar su calidad y credibilidad, reza el documento.

Si bien este no es el único proyecto de la oposición al respecto (existen al menos otros dos de legisladores radicales y un par de bloques menores), esta nueva presentación refuerza la embestida del arco anti K sobre uno de los puntos más criticados al kirchnerismo quien mantiene el organismo virtualmente conducido por el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Pero para avanzar en estos cambios, primero se necesita romper la parálisis en el Congreso.