El juez federal Norberto Oyarbide confirmó que ordenó a todas las fuerzas de seguridad que impidan la salida del país de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, a quienes el magistrado investiga por el presunta defraudación al Estado y lavado de dinero.
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Oyardibe notificó a la Policía Federal, a Migraciones, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional que prohibió la salida del país de los hermanos Schoklender, en medio del escándalo por el manejo de fondos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Una medida similar pesa sobre los otro siete imputados en la causa, que son el piloto de avión Gustavo Serventich; Alejandro Gotkin y su mujer, Marcela Zlotogorski; Daniel Laurenti, Leonardo Hubscher y Marcelo Lewkowicz (todos ligados a empresas de Sergio Schoklender) y Alberto García, quien ofició de apoderado de la fundación para operar una cuenta bancaria.
El juez consideró que seguramente el próximo lunes estará en condiciones de suministrar más detalles sobre el avance de la investigación, después de haber calificado como "delicada" a la causa que involucra a los Schoklender y salpica a la entidad que preside Hebe de Bonafini.
En las últimas horas, Oyarbide ordenó el allanamiento de la casa de Sergio y otros tres domicilios vinculados al ex apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Además, se investigará a Pablo Schoklender, debido a que era el que manejaba la "caja" de las Madres y está sospechado de girar fondos en 2009 a la empresa Antártica Argentina S.A., una firma que para la Justicia podría ser una pantalla para desviar recursos que el Gobierno enviaba a la fundación.
Los procedimientos tuvieron lugar en la casa de Schoklender, en la calle Guevara del barrio porteño de Chacarita, y en la sede de la empresa Meldorek, dedicada a la construcción de viviendas sociales, ubicada en Álvarez Thomas 198, de Colegiales.
También hubo allanamientos en otros dos domicilios vinculados con actividades comerciales de Sergio Schoklender y de donde se secuestraron documentos para la causa.
De este modo, Oyarbide hizo lugar al pedido del fiscal federal Jorge Di Lello para que se llevaran adelante esta clase de operativos, entre otras medidas.
En su dictamen, Di Lello además pidió investigar al otro Schoklender, Pablo, quien sigue vinculado a la fundación, junto a a otras siete personas, como integrantes de una presunta asociación ilícita, y también requirió la prohibición para salir del país para ambos hermanos.
De todos modos dejó en claro que la presunta defraudación no sólo tuvo como víctima al Estado, sino también a la fundación de las Madres, la cual -remarcó- cuenta con una "importante y trascendente organización que tiene una trayectoria mundial en la defensa de los derechos humanos".
En el escrito, sostuvo que el pedido de prohibición de salir del país para todos los imputados es "a fin de evitar situaciones que pudieran dilatar el trámite" de la investigación.
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