El juez federal Norberto Oyarbide dispuso dar por terminada la investigación en la causa por escuchas telefónicas ilegales y dejó a un paso del juicio oral a todos los procesados en la causa por escuchas telefónicas ilegales, entre ellos el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, al presunto espía Ciro James, y el exjefe de la policía metropolitana, Jorge Palacios.
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De este modo, Oyarbide dio por cerrada la investigación, pese a que la Cámara Nacional de Casación todavía no resolvió planteos esgrimidos Macri, al entender que se agotaron los tiempos de "espera razonable", afirmaron a Télam fuentes judiciales.
Oyarbide notificó a las partes sobre su decisión, por lo que se abre un período de seis días hábiles para que presenten impugnaciones o nuevas medidas de prueba. Asimismo, lo hizo con el fiscal quien será él en definitiva quien confirme o no la elevación a juicio oral. Si la decisión es por la positiva, el inicio del enjuiciamiento podría demorarse hasta dos años.
Desde el Gobierno porteño salieron a cuestionar la decisión del juez y afirmaron que no fueron notificados de la decisión del magistrado. Además, acusaron al Gobierno nacional de estar detrás de una "embestida" contra la Ciudad.
La información también fue confirmada por el abogado de Néstor Leonardo, una de las víctimas del espionaje telefónico, excuñado del jefe de gobierno.
El letrado Luis Conde precisó que los imputados en esta causa son "Ciro Gerardo James, Diego Gastón Guarda, Raúl Alberto Rojas, Rubén Alberto Quintana, David Santiago Amaral, Antonio César Fernández, Mónica Elizabeth González, José Luis Rey, Jorge Alberto Palacios, Mauricio Macri y Mariano Narodowsky".
El abogado, al hablar por radio La Red, indicó que "había un montón de gente siendo escuchada por medio de mecanismos legales, pero ilícitos, ya que se ordenaban por medio de jueces a los que no les importaba para nada lo que se había escuchado", y recordó que pertenecían a juzgados de la provincia de Misiones.
Conde manifestó que en la causa por las escuchas telefónicas de las cuales fue víctima su cliente "están las escuchas, están las grabaciones, tenemos todo probado". Además, el letrado dijo que "había un montón de gente siendo escuchada por medio de mecanismos legales, pero ilícitos, ya que se ordenaban por medio de jueces a los que no les importaba para nada lo que se había escuchado", y recordó que pertenecían a juzgados de la provincia de Misiones.
Explicó que "se inventaban causas judiciales que tenían reflejo en Misiones, el juez de Misiones por medio de sus secretarios ordenaba las escuchas, se las pasaban a la SIDE para que las hiciera y después esos cassettes eran retirados increíblemente por el mismo que los escuchaba, que era Ciro James, y en vez de llevarlo al juzgado de origen lo llevaba a otro lugar".
"El tema es que ahora tenemos que probar a quien se los llevaba", acotó al respecto Conde, quien calificó como "terrorífico" todo el mecanismo de las escuchas y cuestionó "la violación de intimidad, violación de todo", agregando que "esto no tiene ningún sentido en un país democrático".
Subrayó que su cliente "es el cuñado de Mauricio Macri y no el excuñado", a quien, sostuvo, "se le interceptó su teléfono en forma ilegal e ilícita para saber de que se trataba su vida y con quien hablaba, con quien dejaba de hablar, qué contactos tenía y cuales no".
"Suponemos nosotros que la única persona interesada en saber la vida de nuestro cliente es Mauricio Macri", consideró.
Conde precisó que las escuchas ilegales se realizaron durante tres meses e insistió en que "están las escuchas, están las grabaciones, tenemos todo probado".
"Yo tengo 20 años de trabajo profesional y otros tantos de trabajo en derecho", indicó el abogado, y manifestó que tiene "la prueba en el expediente que se grabó a mi cliente y que esas grabaciones estaban en poder de Ciro James".
Al jefe de Gobierno se lo acusa de la escucha telefónica que tuvo como víctima a su cuñado Néstor Daniel Leonardo; y a Sergio Burstein, principal referente de la Asociación Familiares Víctimas del atentado a la AMIA, supuestamente por las críticas que éste formulaba ante la asunción de Palacios como jefe de la Policía Metropolitana.
Para la Justicia, desde la Ciudad se sabía del funcionamiento de un sistema de inteligencia y se sostuvo económicamente al espía James, quien ingresó a trabajar como asesor en el Ministerio de Educación en 2008 con un sueldo de seis mil pesos.
"No se postula que Macri montó una empresa de pinchaduras telefónicas para escuchar a su cuñado y a Burstein, sino que conoció y prestó su consentimiento para instalar en el ámbito del Gobierno de la Ciudad un aparato de inteligencia prohibido, del que se habría servido", concluyó la Sala I de la Cámara Federal al confirmar su procesamiento en julio de 2010.
James, al mismo tiempo que trabajaba como asesor, era quien -según la investigación de la Justicia- retiraba los cassettes de la SIDE con las escuchas telefónicas, tal cual se determinó.
La causa surgió cuando un llamado anónimo realizado desde un locutorio ingresó a la casa de Burstein y dio aviso a la hija de éste que el teléfono de su padre estaba "pinchado" por orden del "Fino" Palacios.
Luego se supo que otras víctimas de escuchas fueron el empresario Carlos Avila y legisladores porteños de la oposición, entre otros.
La llamada que alertó a Burstein se comprobó que fue realizada desde un locutorio, pero nunca se supo quién la hizo: una hipótesis que no se probó hasta el momento es que la habría hecho un agente de inteligencia llamado Hugo Álvarez.
Una versión periodística daba cuenta que Álvarez habría sido el autor de esa llamada, a raíz de una fotografía publicada, pero una pericia de Gendarmería aseguró no poder determinar con certeza si esas imágenes sobre ese agente de la SIDE son de la misma persona.
Álvarez fue convocado y ante el juez negó haber hecho esa llamada, tras lo cual hubo un planteo de nulidad que interpuso la defensa de Macri.
En la investigación judicial se estableció por el momento que había un sistema habitual en donde los dos jueces misioneros cuestionados, y por pedido de policías de esa provincia y James, ordenaban escuchas telefónicas a distintas personas por diferentes investigaciones.
