Corte Suprema decidió estirar la "feria", pero ya piensa en la litigiosidad poscuarentena

Firmó acordada para prorrogar esquema de emergencia hasta el 12-A. Ya se habla de la "judicialización del coronavirus" y se prepara para avalancha de litigios que influyan en la agenda 2020. El problema y la solución podrían alimentar expedientes. "Ruido" entre Justicia de Ejecución Penal y el SPF.

Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz

La Corte Suprema finalmente firmó ayer una nueva acordada y prorrogó el estado de feria judicial extraordinaria por motivos sanitarios hasta el 12 de abril, tal como había adelantado Ámbito Financiero. Así le dio formalidad a la prolongación del estado de emergencia en el que opera el Poder Judicial desde que se declaró el aislamiento social obligatorio, en sintonía con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo. La demora en la asignación numérica del DNU con el que la Casa Rosada amplió la cuarentena dilató 24 horas la firma de la nueva acordada que guarda términos idénticos a la firmada el 20 de marzo. Estamparon sus firmas Carlos Rosenkrantz -que renovará su estadía como juez de feria-, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda (que está a punto de terminar su cuarentena por viaje). Tanto Horacio Rosatti como Ricardo Lorenzetti prestaron acuerdo de manera remota porque se aclaró que cumplen medidas de resguardo. En realidad, el máximo Tribunal ingresó en etapa de adaptación al nuevo desafío: toda la litigiosidad que traerá aparejado el crack económico de la cuarentena

El resto del panorama ofrece por un lado a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires invitando a un descuento del 20% de sus salarios a los jueces provinciales para destinarlos a la lucha contra la pandemia. De eso trataba precisamente la acordada “fake” que circuló el lunes por la noche y que hablaba de un recorte de salarios dispuesto por la Corte apenas cesaron algunos “cacerolazos”. Nada de ello era cierto, pero en La Plata formalizaron una invitación que jamás podría ser compulsiva, a menos que sea por ley. Además, hubo “ruido” en la comunicación entre el Servicio Penitenciario Federal que terminó ofuscado con la Justicia de ejecución penal ante lo que perciben como un recorte de su autoridad ante los detenidos, algo que podría llegar a complicar la diaria en el clima denso que arrastran los penales.

En los pocos puntos dispositivos, la Corte decidió “encomendar a los distintos tribunales nacionales y federales que tenga a su cargo la superintendencia de cada fuero o jurisdicción que designen las autoridades de feria para atender los asuntos que no admitan demora de acuerdo con los lineamientos expuestos en la Acordada N°6/2020”. Eso significa que sólo se habilitará la feria para el tratamiento de cuestiones que no admitan demora, relacionadas con detenciones, violencia urbana y doméstica, delitos contra la salud pública (con los que se sanciona a quienes infrinjan dos artículos del Código Penal), delitos migratorios, interrupción de comunicaciones, aprovechamiento de calamidad, habeas corpus y delitos contra la seguridad pública, amparos de salud.

Para el ojo entrenado, la designación de Damián Font como el secretario letrado de “turno” conlleva una mirada sobre la avalancha de pleitos para el que deberá prepararse el cuarto piso del Palacio de Tribunales una vez que pase la urgencia de la pandemia. El especialista, uno de los más experimentados en la Corte, está a cargo de la secretaría letrada N°1, es el canal de acceso para conflictos de índole comercial y de derecho privado o civil. A partir de allí es probable que se agreguen desde la secretaría 4 y 7, además de la que se dedica a la cuestión laboral, la que se calcula que tendrá un caudal impensablemente alto. Los juicios surgirán de las propias consecuencias económicas de la pandemia tanto como por las medidas que adoptó y adoptará el Gobierno para intentar contener esos problemas. En la poscuarentena se inaugurará la era que podría ser bautizada de la “judicialización del coronavirus”.

Malestar en el SPF

En el medio de la emergencia y siempre con el asunto carcelario como un problema en ciernes por el posible foco infeccioso que implica, hubo malestar en las filas del SPF desatado por la orden que cursó el Juzgado de Ejecución Penal N° 2, a cargo de Vilma Bisceglia. Esa instrucción informaba, entre muchas decisiones para preservar la salubridad y las condiciones de higiene de los reclusos a su cargo, que se suspenderían las sanciones a los internos bajo la órbita de ese tribunal, y en particular cualquier medida de aislamiento, hasta tanto finalizara la feria judicial. Traducido a la cotidianeidad, implicaba para los penitenciarios un quite de autoridad que leían riesgoso, en un clima donde los propios detenidos consideran que, con las visitas autorrestringidas, el propio personal del SPF podría llegar a ser un vector de contagio. Como ya mencionó este diario, la velocidad de propagación de una enfermedad como el coronavirus hace que la cuestión penitenciaria sea un dolor de cabeza para tribunales y para las autoridades de Justicia.