Néstor Kirchner oficializó ayer el rol de la diplomática de carrera Susana Ruiz Cerrutti, como la responsable por parte de la Argentina de exponer públicamente el 8 y 9 de junio, el reclamo argentino ante la Corte Internacional de La Haya para que se suspendan las obras en las plantas de pasta de celulosa de Fray Bentos. La abogada fue recomendada personalmente ante el Presidente por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana; y el jefe de Estado dio el aval definitivo. Ruiz Cerrutti -que fue la última canciller de Raúl Alfonsín-, tendrá ahora no más de 20 días para terminar de diseñar los argumentos argentinos que se expondrán en el tribunal internacional.
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Las claves de la posición argentina que oralmente tendrá que presentar la embajadora designada en La Haya, también tendrán que ser aprobadas por el Presidente antes de ser expuestas públicamente en ese tribunal internacional.
Kirchner también aprobó al resto del equipo técnico que trabajará hasta el 9 de junio y que comandará Cerrutti. Estos serán: el embajador en Holanda, Santos Goñi; el abogado especialista en derechos humanos, Juan Carlos Vega; la titular del Centro de Derechos Humanos y Ambiente, Romina Picolotti; y la fiscal, Claudia Mizawak.
Las líneas argumentales que tendrá que seguir este equipo serán las mismas que Kirchner expuso el viernes pasado cuando intervino en la cumbre de la Unión Europea y América Latina de Viena; y donde el Presidente reclamó que las cuestiones ambientales sean tratadas como problemas vinculados a los derechos humanos y que una potencial contaminación es un atentado contra la vida de las personas. La justificación de esta postura es que si este concepto es asumido como válido por el tribunal, sería posible reclamar la «medida cautelar» de carácter «urgente» para suspender las obras de Fray Bentos; ya que este tipo de reclamos sólo fue avalado en el pasado por La Haya cuando había en juego cuestiones vinculadas a los derechos humanos, como penas de muerte o guerras civiles. De allí que tres de los abogados que llevará la Argentina a La Haya sean especialistas en casos de derechos humanos, antes que en derecho internacional, disciplina que igualmente domina Ruiz Cerrutti.
También se conoció ayer que Uruguay comenzó a trabajar para diseñar su posición ante el tribunal. La cabeza del equipo preparado por Tabaré Vázquez es el ex canciller Héctor Gros Espiell, un especialista en derecho internacional público; quien se viene encontrando privadamente con el actual ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano. Gros Espiell sería el encargado de exponer públicamente entre el 8 y el 9 de julio la contestación a Ruiz Cerrutti, acompañado por el embajador de Uruguay en Estados Unidos, Carlos Gianelli (que expuso la situación uruguaya ante el Banco Mundial para que no paralice los créditos aprobados para Botnia y ENCE) y los abogados y asesores de esa cartera Edison González y Alberto Pérez. Uruguay contrató, luego de una licitación pública, al estudio Foley Hoag, en teoría especialista en asuntos ambientales.
La argumentación oriental giraría sobre la refutación de la necesidad de paralizar las obras de ENCE y Botnia hasta que se realice el estudio ambiental que reclama la Argentina. Según dirá Uruguay, la construcción de las plantas no es una acción contaminante, con lo cual no habría justificación para detener su levantamiento. Si en el momento de estar ya en funcionamiento las dos fábricas del complejo pastero (se supone que sería a fines de 2007), el estudio determina que hay contaminación, Uruguay se comprometería a trabajar por el sistema ambiental.
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