Llevar el conflicto con el Uruguay por las papeleras contaminantes de Fray Bentos a la Corte Internacional de La Haya es la jugada más importante que puede hacer hoy la Argentina para poner el debate en un nuevo plano que permita alguna solución realista. Los alegatos de los representantes argentinos que ya están en Holanda buscarán que ese tribunal emita una medida de amparo que frene la construcción de las dos plantas que formarían el polo celulósico más grande -y por ello más peligroso si no se toman previsiones- del mundo. La palabra clave es que la zona está en peligro de un «daño inminente» equivalente a otros emprendimientos que esa corte frenó, como los ensayos nucleares en Oceanía. Ahora como entonces, dirán los enviados que alegarán desde el jueves en La Haya, peligra la vida, y más que de ambiente hay que hablar de derechos humanos amenazados. El presidente Kirchner estará mañana en Entre Ríos para inaugurar obras y no se descarta que haga mención al conflicto con Uruguay.
«Daño inminente.» Sobre este concepto basarán su posición los enviados del gobierno de Néstor Kirchner a La Haya, que pedirán entre el jueves y el viernes la suspensión de las obras de las papeleras de Botnia y ENCE en Fray Bentos. Los representantes de la Argentina, girarán permanentemente sobre esa idea para justificar el reclamo de una «medida cautelar» para que el proyecto de las pasteras uruguayas se detenga de manera inmediata. Sólo convenciendo de la peligrosidad inminente del proyecto a al menos siete de los 15 jueces del Tribunal Internacional, el reclamo argentino podría tener lugar. Los representantes del gobierno nacional, encabezados por la embajadora Susana Ruiz Cerrutti, elaboraron así un escrito general donde se apunta a demostrar que el levantamiento de las plantas debe ser suspendido, porque el peligro hacia el medioambiente de las papeleras no depende de la culminación de las obras sino del avance del proyecto mismo. Según la información que manejaba este fin de semana el gobierno argentino, el fallo sobre la «medida cautelar» que se presentará el miércoles, deberá conocerse entre el 14 y el 15 de julio. Un día después los jueces y sus asesores dejarán el tribunal para irse de vacaciones; con los casos de resolución necesaria ya cerrados.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Las mismas fuentes afirmaban ayer a este diario que el gobierno es actualmente « moderadamente optimista», ante el resultado que se pueda obtener por este reclamo. El criterio de «moderado» se debe fundamentalmente a la falta de jurisprudencia del Tribunal para resolver casos de medidas cautelares vinculadas a los derechos humanos (el gobierno quiere relacionar el peligro ambiental con la violación de esos derechos). En los 60 años de trabajo que tiene La Haya, sólo se aceptaron estos pedidos para cuestiones como suspensiones de penas de muerte o de masacres étnicas. Es la primera vez que el Tribunal tiene que fallar en un caso como el de Fray Bentos.
El panorama general sobre la marcha de la presentación judicial del tema de las papeleras de Fray Bentos, que ingresará hoy en una semana de definiciones importantes, es el siguiente:
El equipo de funcionarios que representarán a la Argentina viaja a Holanda en dos tandas. La primera, comenzó a llegar a La Haya el fin de semana pasado. Entre éstos se encuentran Ruiz Cerrutti, Horacio Basabe (director del Instituto de Servicio Exterior de la Nación, la escuela de los diplomáticos argentinos) y los «extranjeros», que defenderán la posición local. Estos son, los abogados Philippe Sand (británico), Alain Pellet (francés), Laurenc Boison de Chazournes (suizo) y Marcelo Kohen (argentino, residente en Inglaterra).
Hoy viajará el resto de los enviados: el embajador Raúl Estrada Oyuela ( representante especial para estudios Medioambientales Internacionales de la Cancillería), los abogados Julio Barboza (especialista local en derecho internacional público), Juan Carlos Vega (representante de Entre Ríos), Romina Picolotti (Centro de Derechos Humanos y Ambiente), Daniel Sabsay ( constitucionalista y experto en derecho ambiental), Silvina González Napolitano ( especialista en reclamos de medidas provisionales) y la fiscal de Estado Claudia Mizawak. En destino ya está el embajador argentino en Holanda, Santos Goñi y el representante en el Reino Unido, Felipe Mirré.
Otros funcionarios que viajarán hoy como apoyo técnico específico, serán el director del Centro de Tecnología Celulósica de la Universidad del Litoral, Alías Matta, el químico al servicio de Hidrografía Naval, Lucio Janiot y el representante del Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero, Alberto Espinach.
Ya está definido que la Argentina tendrá tres oradores centrales: Susana Ruiz Cerrutti, Sand y Pellet. La embajadora hablará en representación del gobierno nacional para justificar el pedido de una «medida cautelar» y explicará por qué se debió recurrir a La Haya para solucionar este caso. Mencionará en este párrafo que Uruguay reconoció haber violado el Tratado del Río Uruguay. Sand explicará los justificativos judiciales para pedir la medida y Pellet los daños ambientales que podrían producirse si continúan las obras de Fray Bentos.
Los idiomas oficiales de La Haya son dos: inglés y francés, con lo que Ruiz Cerrutti y Sand hablarán en la primer lengua y Pellet en la segunda. Según funcionarios argentinos, resulta fundamental que haya un absoluto dominio del idioma para poder hablar en el tribunal, lo que dejaría afuera a muchos de los enviados locales.
Cada una de las partes tendrá tres horas el jueves y tres horas el viernes para hablar y contestar las acusaciones del contrario. Las exposiciones serán en el Salón de Paz del Palacio de Justicia, el ámbito más grande de que dispone el Tribunal.
La primera ronda de exposiciones, la del jueves 8 de junio, comenzará a las 8 hora argentina, mientras que la del viernes 9 a las 5 hora local. En todos los casos se tratará de presentaciones orales y públicas, además de ser eventos televisados. Cualquier canal de televisión argentino podría tomar gratuitamente (salvo los gastos técnicos) la transmisión.
Uruguay estará representado por los embajadores en Francia Héctor Gros Espiell; en Estados Unidos, Carlos Gianelli, y en Holanda, Carlos Mora; el viceministro de Industria, Martín Ponce de León, la directora nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres, además de un grupo de ocho especialistas locales e internacionales de derecho internacional y medioambiente.
El fallo sobre la decisión del tribunal de suspender o no las obras, se conocerá entre el 14 y el 15 de julio. El tratamiento del caso de fondo, si las plantas de Fray Bentos contaminan el ambiente y si Uruguay violó el tratado en cuestión, comenzarán a estudiarse oficialmente cuando los miembros del tribunal vuelvan de sus vacaciones de verano.
Dejá tu comentario