El ex presidente de la Cámara de Diputados Rafael Pascual cargó ayer duramente contra el actual canciller, Carlos Ruckauf; el secretario de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esteban Caselli; el secretario de Seguridad, Juan José Alvarez y el intendente de Merlo, Raúl Othacehé. El ex legislador radical lo hizo en el expediente que instruye el juez federal Norberto Oyarbide, quien investiga si la caída del ex presidente Fernando de la Rúa se debió a un presunto complot que se encuentra castigado por la Ley de Defensa de la Democracia que castiga severamente a quienes se alcen en armas o provoquen por vías no constitucionales la ruptura del orden institucional. Pascual le dijo a Oyarbide que «existieron convergentes, sostenidos y permanentes episodios que no pueden interpretarse sino como destinados a desestabilizar al gobierno constitucional anterior, tanto antes de la elección del 14 de octubre del 2001 como con posterioridad». En ese contexto aludió a crecientes versiones que «hablaban de precipitar un golpe institucional para posibilitar nuevas elecciones que debían favorecer al entonces gobernador Ruckauf, en su carrera hacia la presidencia». También se refirió a que promediando el año 2001 la situación del Banco de la Provincia de Buenos Aires era insostenible, demandando un auxilio permanente del Tesoro nacional.
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También Pascual le entregó a Oyarbide fotocopias de recortes periodísticos donde Othacehé sostuvo que «si el justicialismo lo quisiera el gobierno duraría menos de 12 horas». Por esas expresiones le reprochó al ex gobernador bonaerense y a sus funcionarios - Caselli, ex secretario general de la Gobernación y Alvarez, ex intendente de Hurlingham-no haberlas rechazado. También le reprochó a los senadores del PJ de no haber respetado la tradicional línea sucesoria del Presidente de la Nación, designando en lugar de Mario Losada (UCR-Misiones) a su comprovinciano peronista, Federico Ramón Puerta como presidente provisional de la Cámara alta. El hecho se repitió con la ubicación de Eduardo Camaño al frente de Diputados.
Otro que la emprendió contra la conducción del PJ bonaerense y con el grupo de empresarios privados que presionó para devaluar y pesificar, fue el ex secretario general de la Presidencia, Luis Lusquiños, quien ocupó ese cargo durante el breve interinato presidencial de Adolfo Rodríguez Saá. Lusquiños repitió ante Oyarbide los argumentos de su jefe político y reiteró con nombre y apellido las presiones del monopolio «Clarín» a través de su directivo Jorge Rendo para que Rodríguez Saá saque una Ley de Quiebras como la que rigió brevemente desde la asunción de Duhalde y por cuya modificación viene presionando fuertemente el Fondo Monetario Internacional.
•Estafa
Pero el hecho que complica aún más a los peronistas del conurbano -sostén político del presidente designado-es el pedido que le hizo el fiscal federal Carlos Stornelli -directamente quiere calificar con el delito de sedición-a Oyarbide para que se agregue al expediente del complot una denuncia contra el intendente de Moreno, Mariano West. Un abogado denunció al jefe comunal y a Duhalde por presunta estafa contra el Estado por haber cedido terrenos como supuesto favor por haber movilizado a manifestantes en contra de De la Rúa.
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