Pelea garajistas-gobierno por control de parkings

El gobierno de Aníbal Ibarra defendió los controles sobre los garajes y las playas de estacionamiento, y desestimó que las inspecciones sobre estos establecimientos tengan fines de recaudación. También interpretó como «un acto de presión» que los garajistas hayan advertido sobre la pérdida de 3.000 puestos de trabajo y el caos en el tránsito. Al respecto, consideró que la intención de los empresarios de ese sector es «que la situación se retrotraiga al tiempo en que no se controlaba, no porque no existiera la normativa, sino porque no se aplicaba». Mientras en 2004 el área de Control Comunal porteño realizó 20.000 inspecciones, en lo que va del año lleva 70 mil en distintos establecimientos comerciales. «El Estado recauda más cuando más facturan los garajes, por lo tanto, los controles no tienen ese objetivo. Si es por multas, la recaudación es insignificante ante la dimensión del problema.» De este modo, Federico Peña, subsecretario de Control Comunal porteño, salió al cruce de las sospechas lanzadas por los garajistas a partir de la prohibición de estacionar los automóviles en la zona central de la playa. Peña, que desde hace cinco meses ocupa ese cargo, señaló que la medida persigue que las salidas no estén obstruidas y que se respete el factor de ocupación en esos lugares. El funcionario precisó que el instructivo que aplican los inspectores no fue diseñado como efecto de lo sucedido en el boliche de Once, sino que «siempre existió» y responde al Código de Edificaciones y de Habilitaciones y Verificaciones, que regula las condiciones arquitectónicas y de funcionamiento que deben cumplir determinados establecimientos. Por lo tanto, «no está sujeto a la memoria del inspector». Según explicó, el instructivo es símil a un «multiple choice» que se va completando y, en función de las infracciones que se detectan, se confecciona el acta. «Mi área es un órgano de aplicación y no de interpretación o de valoración. Yo no voy a relajar el control por el uso y costumbre de un funcionamiento irregular. Además, las normas no las hacemos nosotros, sólo las hacemos cumplir», sostuvo Peña. El subsecretario de Control Comunal -quien fue el responsable de la clausura de la estación Once por cuestiones de seguridad- detalló que «los garajistas pretenden ocupar los medios de salida o achicar las dimensiones de las playas para meter más autos de los habilitados». • Violación Al respecto, sostuvo que en determinadas zonas donde la capacidad es para 50 autos se estacionan 100, violando las disposiciones sobre las dimensiones que se deben cumplir. La apreciación de Peña choca con dos cuestiones: el Decreto 764, que en sus considerandos promociona que el servicio de playas de estacionamiento y garajes «permitirá a los usuarios contar con un servicio que en la actualidad se encuentra notoriamente limitado respecto de sus necesidades». Esa norma en su artículo 2 dispone, además, cocheras móviles (doble fila), espacios indiscriminados en garajes habilitados, estacionamiento por hora que queda excluido de toda regulación tarifaria. También colisiona con la Resolución 6.920 de Fiscalización y Control del 7 de octubre, que afirma que la normativa cuestionada por los garajistas «no se aplica como norma de seguridad ni tiene por finalidad que en caso de incendio los automóviles y las personas tengan los caminos de circulación expeditos», sino para «evitar la acumulación de automóviles en doble fila que prácticamente ocupa la totalidaddel solado de dichos locales». Precisamente, en el cuestionado instructivo se especifica que las cocheras o los espacios demarcados en los garajes tendrán un ancho mínimo de 2,50 m y un largo mínimo de 5 m, permitiendo el libre acceso de los vehículos estacionados al medio de salida. Según Peña, los códigos de fondo tienen supremacía sobre otros tipos de normas e interpretó que «la variable de rentabilidad del establecimiento no puede ser a costa de las condiciones de seguridad y el correcto funcionamiento.

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