"Pepín": rebelde, inhibido, y con pedido de detención internacional

Política

Acudió a juzgado en Uruguay para evitar prisión y ganar tiempo. Interpol ya tiene la orden por el intento de fuga que evaluó Servini. Sondeo secreto como "Arrepentido".

La jueza María Servini no vaciló. Tal como adelantó Ámbito, en exclusiva, rápidamente desactivó el desafío que le planteó el operador judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y resolvió declararlo rebelde, con intención de sustraerse del accionar de la Justicia, inhibió todos sus bienes, congeló sus cuentas bancarias y ordenó su captura nacional e internacional. La réplica de Servini fue contundente para desbaratar el argumento acerca de que el articulador de la Mesa Judicial de Mauricio Macri era un “perseguido político”. Eso desató una acción desesperada de Rodríguez Simón, en Uruguay, que, para prevenir una detención, acudió a un juez de turno a notificar que “se ponía a derecho”, fijaba domicilio y anunciaba su intento de solicitar “refugio” en el país vecino. Ingresó un escrito de habeas corpus. Conspira contra ello que Uruguay le haya otorgado residencia, lo que no habilita a acceder a ese status. Pero en paralelo, y de manera muy sigilosa, entabló conversaciones con abogados en Argentina para que sondeen al fiscal Guillermo Marijuan respecto a la chance de acogerse a la Ley de Arrepentido. Hubo inquietud en las filas “amarillas”.

La orden de captura se precipitó luego de que el dirigente macrista notificara a Servini, a través de un escrito, presentado por su abogado, Gustavo de Urquieta, que se acogió al régimen de asilo como refugiado político en los términos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Para la jueza “Pepín” tuvo “pleno conocimiento de la existencia del expediente desde mediados de 2019 y se pudo defender en ese terreno con todas las garantías de la ley en su favor, por lo que resulta de imposible comprensión el planto referido a su supuesto temor de ser detenido indebidamente, como manifestó ante medios de comunicación, tal como este diario reconstruyó. Había pedido citar testigos pocos días antes de decidir evadirse y engañar a la jueza con pasajes de Buquebus que no utilizó para regresar al país.

“Fabián Rodríguez Simón tiene herramientas procesales en el país (de diverso tipo) para articular estos planteos dentro del ámbito del proceso penal”, remarcó la magistrada. “Debo hacer notar que en este caso no resulta parte ningún miembro del Poder Ejecutivo Nacional. Así, entiendo que están dadas las condiciones para decretar su rebeldía y ordenar su inmediata captura nacional e internacional; eventual y oportunamente se solicitará la correspondiente cooperación judicial internacional (Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay (Ley n° 25.304)”, continuó.

“Sumado a ello, los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público (aún no determinada fehacientemente) no puede ser entendida como suficiente para estos fines”, señaló la magistrada. Servini remarcó no solo que no aplicaría para requisitos de ser considerado un perseguido político, sino que tampoco y gracias a un fallo de la Corte Suprema (que recibió entonces el impulso político del propio Rodríguez Simón respecto al caso de Milagro Sala), los representantes del Paralsur, como lo es él por prórroga de mandato, no están alcanzados por los fueros que le otorgarían inmunidad de arresto. “Si bien el día 30 de marzo de 2021 se lo instó, por medio de su defensa, a que arbitrara los medios para que el día que tenía que prestar declaración indagatoria se encontrara dentro del territorio nacional, ello quedó abstracto frente a su exclusiva y ratificada decisión y voluntad de no someterse a la jurisdicción de este Tribunal y sustraerse del accionar de la justicia”, fustigó Servini desbaratando el presunto objetivo que tenía la estrategia de Rodríguez Simón. Básicamente, él mismo se puso en situación de ser detenido, dado que -como mencionó la jueza- hace más de dos años que se había iniciado la causa, su defensa había participado activamente, había recursos pendientes y ninguno (inclusive el resto de los imputados) habían sido afectados por medidas cautelares que hicieran sospechar siquiera que pudiera recaer un encarcelamiento sobre Rodríguez Simón. ¿Alguien recomendó esa estrategia? Dirigentes de Juntos por el Cambio optaron por el silencio o por el despegue más o menos explícito. Hubo dos excepciones en el fondo de la cuestión: Macri y Elisa Carrió. El zigzagueante comportamiento de “Pepín” no colaboró a recoger adhesiones y la sorpresa que exhibieron públicamente empezó a mutar en inquietud ante qué podría hacer quien fue uno de los puntales en la estrategia judicial de Cambiemos estando acorralado.

En este expediente se investiga “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”, según surge de la resolución.

Entre los imputados de esta causa están el propio expresidente Macri, el extitular de la AFIP Alberto Abad, el exasesor presidencial José María Torello y al exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel. Hace días, Servini recibió el informe elaborado por la Dajudeco sobre las llamadas entrantes y salientes de este grupo de exfuncionarios de Cambiemos, que habría orquestado las presiones sobre los accionistas del holding Cristóbal López y Fabián De Sousa. Una segunda instancia del delito que se investiga es su desapoderamiento.

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