El petitorio que Juan Carlos Blumberg presentó a Néstor Kirchner consta de 18 puntos. En 80% es una reiteración de aquel primer reclamo que el ingeniero hizo cuando encabezó una multitudinaria marcha al Congreso y consiguió que más de cinco millones de personas firmaran la demanda por Justicia y seguridad. Dos años y cuatro meses después prácticamente no hubo cambios: la inseguridad empeora y el gobierno sigue desoyendo el reclamo de una política de Estado que termine con la violencia urbana.
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El petitorio de ayer volvió a tener los mismos destinatarios: el político, el legislativo y el judicial.
El primer punto del apartado «área seguridad y justicia», apunta a dejar sin efecto el polémico proyecto de reforma del Código Penal impulsado por un grupo de juristas casi discípulos del penalista Eugenio Zaffaroni.
Proponen, entre otras modificaciones,la legalización del aborto, la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal y la flexibilización de las penas. Blumberg pide que el gobierno convoque a una comisión «pluralista» integrada por juristas y organizaciones no gubernamentales. Unos días antes de la manifestación la administración Kirchner dejó trascender que aceptaría la propuesta de ampliar la consulta y puso en dudas la continuidad del secretario política criminal Alejandro Slokar.
Desde la órbita del Ministerio del Interior, se anunció la implementación de un plan de desarme y se sacó del área de Defensa el Registro Nacional de Armas (RENAR).
Sigue siendo un proyecto -aunque ahora con más posibilidades de salirla creación de una base de datos de perfiles de ADN no codificantes de delincuentes y violadores. La diputada Paola Spatola habría conseguido reunir la voluntad de los legisladores necesarios para convertir la iniciativa en ley.
El tema de las cárceles y trabajo en la penitenciaría es parte de una gran discusión. El gobierno afirma que realizó inversiones en infraestructura penal para ampliar en 1.000 las plazas en las cárceles. Y que en 3 años, esa disponibilidad pasará a 4.500. También asegura aumentó 17% la población carcelaria que se incorporó al trabajo en las cárceles. Blumberg sostiene que desde la partida de Horacio Rossatti del ministerio esa actividad disminuyó ostensiblemente.
A media marcha está la implementación de la informatización de 860 juzgados en todo el país.
La gran deuda es:
La ausencia de política de Estado para combatir el consumo de drogas y el narcotráfico. La implementación de planes de asistencia y educación para los jóvenes, que destierren el consumo de paco que destruye la vida de miles de jóvenes.
Desde aquella primera marcha todavía no está implementada la Policía para todo el país. Tampoco se ha trabajado en la modernización de las policías provinciales y municipales. Las fuerzas de seguridad no tienen el equipamiento necesario y moderno, no se las dota de técnicas de entrenamientos, capacitación adecuada y no se les mejora la remuneración. Blumberg reclama una Policía más eficiente y digna y no una fuerza de brazos caídos.
En abril de 2004 se pidió la adopción de un sistema de documentación personal (DNI) similar al implementado con los pasaportes. Dotados de normas de seguridad e inviolabilidad que impidan su fácil falsificación o adulteración.
La implementación de juicios por jurados. El sistema está vigente en Córdoba, pero su funcionamiento no se ha generalizado. Su implementación fue aprobada en el Senado, pero en la Cámara de Diputados perdió estado parlamentario.
Se ha ignorado o evitado la discusión sobre el tratamiento integral del problema de los menores en riesgo y la delincuencia juvenil. Una reforma que contemple una baja de imputabilidad. La situación de los menores en el marco de esta crisis es sin lugar a dudas la más sensible.
Hay ausencia de un sistema, de efectivo control de la libertad condicional. Hoy es un descontrol. Ayer, Blumberg pidió que los jueces se hagan responsables por los delitos de aquellos que excarcelan.
Creación de una comisión investigadora que tenga como finalidad investigar el incremento patrimonial de los jueces federales en los últimos 15 años. La comisión investigadora debe ser pluralista integrada por senadores y organizaciones no gubernamentales independientes.
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