Piden ampliar embargos sobre acusados del atentado a la AMIA

El fiscal federal Alberto Nisman pidió ampliar hasta la suma de 540 millones de dólares los embargos contra los ex funcionarios iraníes acusados de participar en el atentado a la AMIA en julio de 1994.

Fuentes judiciales informaron que el titular de la Unidad Fiscal que investiga el atentado a la mutual judía formuló el pedido ante el juez federal interviniente, Rodolfo Canicoba Corral.

En su escrito, el fiscal Nisman pidió que se amplíen los embargos sobre el ex presidente de la República Islámica Alí Akbhar Rafsanjani, su ex ministro de información Allí Fallahiján, el ex canciller Alí Velayati, el ex embajador Hadi Soleimanpour, el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Moshen Rezahi.

También alcanza al ex jefe de la Fuerza "Al Quds", Ahmad Vahidi, el ex Secretario de la embajada iraní en Buenos Aires Ahmad Ashgari y el ex consejero cultural, Moshen Rabbani.

El monto del embargo (hasta 540 millones de dólares) fue solicitado en base a la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados por el atentado, que causó 85 muertos.

El fiscal citó el artículo 518 del Código Procesal Penal, que contempla la posibilidad de decretar medidas cautelares antes del dictado del auto de procesamiento, cuando hubiere peligro en la demora.

Días atrás, el juez Canicoba Corral embargó una propiedad, en la que funcionan seis locales comerciales, registrada a nombre del ex agregado cultural del Gobierno de Irán en la Argentina, imputado en la causa,

Se trata de una propiedad ubicada en la avenida Gaona y Terrada en el barrio porteño de Floresta, subdidivida en seis locales comerciales, que están a nombre del ex agregado cultural en la Argentina Moshen Rabbani.

El Registro de la Propiedad Inmueble fue el organismo encargado de informar a la Justicia la titularidad del inmueble que, abarca una amplia esquina y se encuentra subdividido un maxikiosco, una parrilla, una pizzería, un locutorio, una carnicería y un garaje.

Rabbani, quien tiene pedido de captura internacional, es uno de los principales acusados por la causa AMIA, aunque a lo largo de estos años negó haber tenido algún tipo de responsabilidad en el ataque.

El pedido había sido solicitado por un actor civil damnificado por la voladura que tuvo lugar el 18 de julio de 1994 y fue presentado formalmente por el abogado de la agrupación Memoria Activa, Pablo Jacoby.