Eduardo Duhalde analiza la posibilidad de vetar, al menos, el artículo cuatro de la ley votada por el Congreso, que dice: «Incorpórase como artículo 174 bis del Código Penal lo siguiente: 'Artículo 174 bis: será reprimido con prisión de seis meses a dos años quien, por imprudencia o negligencia o violando los deberes a su cargo, cometiere o prestare su consentimiento o concurso para la realización de los actos mencionados en el inciso 6º del artículo anterior'».
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Esos «actos» a que se refiere la ley son «afectar el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial, industrial, agropecuario, minero o destinado a la prestación de servicios; destruyere, dañare, hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere el valor de las materias primas, productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros bienes de capital».
Queda claro que si el artículo quedara en vigencia implicaría la posibilidad para los jueces de procesar a empresarios por haberse equivocado, por ejemplo, en estrategias comerciales o haber tomado decisiones equivocadas pero fuera de cualquier intención de provocar la destrucción de la empresa. Por eso, resulta lógica la exigencia de veto.
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