Postergan la "ley Clarín"

Fracasó anoche en el Senado el primer intento de aprobar la nueva «ley Clarín», que impulsa Miguel Angel Pichetto (PJ-Río Negro), con apoyo de un sector del PJ y de la UCR para excluir del «cram down» de Quiebras a las empresas «culturales» y limitar la participación de capital extranjero a 25% en diarios, radios, TV y proveedoras de acceso a Internet y otros rubros del monopolio.

Varios legisladores peronistas se levantaron de sus bancas y amenazaron con dejar sin quórum la sesión, cuando se intentaba hacer votar una preferencia para la próxima sesión con o sin despacho de comisión. De haber prosperado el intento, esta nueva versión de la «ley cultural», que intentó sin éxito el manzanista Miguel Angel Toma en Diputados, hubiera quedado a punto de ser consagrada la semana que viene.

Encabezaron la revuelta el riojano Eduardo Menem, el gastronómico Luis Barrionuevo, el jujeño Guillermo Jenefes, la tucumana Malvina Seguí, la entrerriana Graciela Bär y la salteña Sonia Escudero, quienes pidieron que la preferencia quedara condicionada a la discusión de un dictamen de comisión, lo cual traba el apuro de Pichetto & Cía. De lo contrario, dejarían el recinto y la sesión se caería (había 40 legisladores presentes contando a este grupo de senadores y se necesitan 37 para votar proyectos o mociones en el recinto).

El rionegrino Pichetto había advertido, durante los discursos previos a la aprobación de la nueva Ley de Quiebras, que era imprescindible tratar la situación de los medios de comunicación. Pero como no había margen para modificar el proyecto clave en discusión y devolverlo a Diputados, anunció que se pediría el tratamiento sobre tablas para la sesión de la víspera.

Más adelante, y ya formalmente, el radical Carlos Maestro pidió que se habilitara la discusión sobre tablas. Inspirados por Raúl Alfonsín, los correligionarios justificaron la discusión, tras haber presentado por la mañana una iniciativa más pretenciosa, pero igualmente favorable al monopolio «Clarín».

Proponían también excluir del «cram down» a empresas dedicadas a la investigación, la ciencia y la tecnología de punta y, por supuesto, medios de difusión masiva, sin olvidar entidades relacionadas con el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico, artístico y cultural. El nombre de la propuesta parece propio de la desaparecida URSS: ley de preservación de intereses nacionales estratégicos.