Presión hasta último momento para modificar Ley de Quiebras

Un plenario de comisión aprobó ayer el dictamen del proyecto de reformas a la Ley de Quiebras y confirmó que hoy será aprobado en el recinto de Diputados. La sesión será maratónica, no sólo porque además se debatirá la exención al impuesto a los combustibles para el gasoil importado, sino porque queda todavía por definir en el tema Quiebras si el Congreso eximirá de los alcances del «cram down» a los medios de comunicación y empresas culturales, dentro de un artículo propuesto por Miguel Angel Toma que parece hecho a medida del monopolio «Clarín». Anoche, ese intento parecía frenado, por lo menos difícil de introducir en el dictamen de comisión, pero nada asegura que no sea hoy incluido durante la sesión. Sí es seguro que se excluirá de los alcances del proceso de toma de control de las empresas quebradas por los acreedores a los canales de televisión, por cable, radios y medios electrónicos -todos los comprendidos en la Ley de Radiodifusión, tema que también directamente favorece a las empresas de las familias Magnetto-Noble-. Las discusiones por las excepciones a la Ley de Quiebras comenzaron en la comisión cuando Horacio Pernasetti, jefe del bloque radical, planteó la necesidad de eximir del alcance del «cram down», es decir de la toma de control por parte del acreedor, a las empresas contempladas en la Ley de Radiodifusión. «La Ley 22.285 establece que la licencia se extingue con la mera presentación del concurso. Si se retira la licencia, esas empresas pierden sentido. Por lo tanto, no es lógico incluirlas en el procedimiento», dijo, abarcando en eso no a los diarios pero sí al resto de las empresas del multimedio. Lo siguió en la palabra Toma, quien fue mucho más allá: «En situaciones de crisis no son todos lo mismo», comenzó, «Comparto lo pedido por Pernasetti, pero hay que ser más abarcativos. Hay que ampliarlo a otras actividades, no sólo a los medios de comunicación». En ese momento ya todo el mundo sabía de qué se estaba hablando. «Voy a proponer un texto que amplía la exención a actividades de carácter cultural, productoras de cine y presentaciones», dijo. Leopoldo Moreau lo apoyó enseguida: «En el debate de la Ley de Quiebras de 1995, José Dumón ya había advertido lo mismo. No hay que desnacionalizar la cultura», afirmaba mientras los lobbystas de «Clarín» asentían como si se estuviera hablando de la identidad nacional. Pero después comenzaron las disidencias. El radical Carlos Courel aclaró: «Todos los diputados que escuchamos hablan de las empresas culturales en forma personal. Esto no representa la voluntad de todos, o por lo menos la mía. Si hablamos de empresas estratégicas, entonces hablemos de acero, de petróleo o de medios de comunicación», lanzó. En el peronismo tampoco todos querían quedar como lobbystas de «Clarín». La peronista tucumana Estela Maris Córdoba fue más clara: «No me queda claro que engloba a las empresas culturales. ¿Cuál es el sentido de no aplicar el \'cram down\' a estas empresas? ¿Es proteger a una radio del interior o a un multimedio de prensa? ¿Alguien me puede contestar ahora?», dijo. Pero nadie le respondió. Los cambios centrales a la actual Ley de Quiebras que se acordaron anoche incluyen: \"CRAM DOWN\"• El período de exclusividad del deudor para presentar ofertas al juez durante la aplicación del «cram down» se establece en 90 días, con facultad al juez para extenderlo por 30 más, acercándose a lo que pide el FMI. Pero se elimina un piso de 40% del total de la deuda como requisito para la oferta del deudor para retener el control de su empresa. • Se establece la posibilidad de que el deudor realice contraofertas a los acreedores ante el juzgado, incluso en la segunda ronda de ofertas que establezca el juez. • La valuación de los activos de la empresa, para establecer la compensación de créditos de los acreedores que presenten acuerdo, se hará en base a valores de mercado y contables como rige hasta ahora. • Se crea la figura de la verificación de créditos por fiduciarios y otros sujetos legitimados cuando se habla de títulos de deuda emitidos en serie. Esto permite que los tenedores, por ejemplo, de obligaciones negociables, unifiquen su representación en la quiebra, adquiriendo más fuerza en la verificación de créditos y la oferta de acuerdo de acreedores. • Se le otorgan facultades amplias al juez para homologar acuerdos. Se incorpora el «cram down power» que permite al juez imponer una propuesta de acuerdo cuando ésta es justa para acreedores y deudor. Pero se establecen mecanismos para proteger a las distintas categorías de acreedores, pudiendo cambiar de plan de pagos. RENEGOCIACION DE DEUDAS BANCARIAS • Como pide el FMI, habrá plazo de 90 días para que los bancos negocien con los deudores, vencido el cual y sin acuerdo deben previsionarlos como incobrables. EJECUCIONES HIPOTECARIAS • Las ejecuciones hipotecarias de viviendas o bienes destinados a las producción seguirán suspendidas por un plazo de 180 días, pero se computarán corridos y no hábiles. • Pero se aclara que sólo quedan suspendidas las subastas o las medidas cautelares que impliquen desapoderamiento de los bienes al deudor. Es decir, las causas pueden seguir adelante pero sin llegar a la ejecución. • No serán nulos, además, los actos de venta de otros bienes que realice el deudor en ese período, como se estableció en la ley original, esto a pedido del Colegio de Escribanos. • Las reuniones para definir la Ley de Quiebras comenzaron ayer temprano en el Ministerio de Economía. Los últimos puntos a cerrar con Roberto Lavagna giraron en torno de las facultades extendidas a los jueces para homologar convenios de acreedores o aceptar la contrapropuesta del deudor. Ya en ese momento el ministro había sido inflexible con los pedidos de algunos legisladores sobre la exclusión del alcance del «cram down» para las empresas relacionadas con bienes culturales, dentro de las que listan los medios de comunicación: «Esto no pasa, el Fondo no lo acepta. La ley debe salir sin excepciones. Si hacen algo así nos obligan a vetar», les dijo el ministro. Pero tanto dentro de la UCR como del peronismo seguía la «voluntad» de excluir al monopolio «Clarín» de la ley. Con el correr de las horas se iban sucediendo las versiones del proyecto que, para no confundir a los redactores, comenzaron a ser tituladas, cada una con el horario de negociación. Cerca de las 17, se terminó la redacción final. El peronista Eduardo Di Cola salió entonces hacia el Congreso con el borrador bajo el brazo. Una hora después comenzaba el plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda para emitir el dictamen. Al concluir la reunión el proyecto estaba firmado, aunque curiosamente todavía no se había redactado la versión final. En una práctica que se ha hecho común en los últimos años, cuando un dictamen debe ver la luz con urgencia, los diputados firmaron la última página del proyecto mientras se continuaba discutiendo los pedidos para eximir a los medios que, como pocas veces antes se vio, habían sido hechos durante la reunión de comisión. Por eso al final del encuentro los bloques se reunieron para decidir qué se incluía o se desechaba en el proyecto que llegará hoy al recinto. De todas formas, lo firmado ayer no es garantía de que hoy haya más cambios en la sesión de Diputados, incluyendo la «cláusula Clarín», que anoche parecía quedar fuera del dictamen, peor quizá sólo por unas horas.

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