Borrador secreto para Ley de Procuración ilusiona a oficialismo con un triunfo en plena sequía

Política

Proyecto "B" con cambios sustanciales para seducir a Diputados y fiscales. Amenaza de votar lo que llegó del Senado. Las claves detrás de la negociación: Tribunal de Enjuiciamiento, mayorías, concursos y género.

La nueva ley fijará que el cargo de procurador general de la Nación durará 5 años con posibilidad de ser renovable por un período y que su designación estará sujeta a la mayoría absoluta del Senado. Pero bajo cuerda, se acordó un paquete de modificaciones sustanciales para que el proyecto pase el filtro de Diputados y subsane las graves falencias que arrastra. El Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales tendrá siete miembros, bajando el peso de la política en la decisión disciplinaria sobre los fiscales; el quórum para tomar decisiones continuará en 4 miembros, pero para tomar decisiones trascendentes, requerirá de los dos tercios de sus integrantes; el Jurado de Concursos seguirá siendo como en la actualidad, solo que con sorteo público de quienes los van a componer; en caso de vacancia, el interinato no podrá ser superior a los 6 meses y será elegido por el Ejecutivo a propuesta de la Comisión Bicameral de Ministerio Público del Congreso; todo el pack de modificaciones estará atravesado por la cuestión de género, lo que redundará en que un 50% de la integración de cuerpos colegiados deba respetar la paridad, incluidos los concursos y la chance de interinato, que reduce la antigüedad en el cargo a 5 años para que puedan aplicar fiscales generales mujeres, que hoy son el 18% de toda la planta.

Con ese fibrón rojo, el Gobierno avanzó en sigilo para asegurar tres frentes: apoyo de la corporación judicial, seducir a los bloques opositores y conjurar eventuales planteos de inconstitucionalidad del texto que llegó del Senado. Como ya informó Ámbito, gran parte del articulado es inviable.

Pero la redacción de un nuevo borrador que modifica los aspectos criticados y que podría vencer las resistencias en torno a la aprobación de este proyecto puso en alerta a Juntos por el Cambio que adelantó al domingo una reunión virtual por Zoom para discutir cómo encararán la negativa. El anuncio del plenario de comisiones para mañana precipitó la acción. Según Sergio Massa, la semana próxima podría haber número de sobra para llegar a los 130 diputados de quórum. Si es así, la amenaza que voló como una bala trazadora hacia las oficinas del macrismo fue que votarían el proyecto llegado del Senado. Nadie sabe si –como en el truco- les cantaron vale cuatro con un ancho falso. La moraleja es que cotiza con fuerza “Protectora”, la ONG de consumidores que catapultó a José Luis Ramón a instancia decisora para que el oficialismo se acerque a distancia mínima del primer éxito judicial en 18 meses de gobierno.

Bajo siete llaves, el cambio que debilitó las resistencias entre fiscales es el de la integración del Tribunal de Enjuiciamiento. En el kirchnerismo lo admiten “más moderado”. Sus miembros serían –según el borrador nuevo- un representante del Ejecutivo; dos por la Bicameral (incluyendo uno por la mayoría y otro por la minoría, lo que significa un empate de fuerzas políticas); un representante del consejo interuniversitario nacional; un abogado según competencia (si se trata de un fiscal federal, algún miembro de la FACA y si es uno nacional, una silla para el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal); y dos fiscales elegidos por sorteo entre todos los magistrados, asegurando que una de ellas sea mujer. Nadie ignora que si prospera el texto remitido por el Senado, bastaría con que tres de esos miembros se sienten a echar a un fiscal. No fueron pocos que proyectaron que eso suena tentador si se tiene el poder, pero en el llano es garantía de sufrimiento.

En la última reunión de comisión y ante los expositores, Juntos por el Cambio hizo un berrinche y volvió a insistir en la búsqueda de “impunidad” que tendría este proyecto como fin último, algo que no está explicado. Al desconectarse del Zoom, la oposición evitó el revés que le propinó Daniel Erbetta, integrante de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. De manera muy efusiva destacó que lo peor para la República es continuar con un procurador interino. A esa altura la oposición había gastado la mayoría de los cartuchos y hasta había echado mano de una carta pública de abogados de renombre que rechazaban el intento de modificación a la Ley de Ministerio Público. La mala suerte es que el 95% de ellos –firmantes como hombres de leyes- habían sido todos exfuncionarios de Cambiemos en distintas reparticiones. Como ariete les quedó un periodista procesado por extorsión en una causa federal. El resto, son salvas.

Y es que el próximo paso del oficialismo es contrastar con el archivo que no juega a favor de Cambiemos. Muchas de las reformas para la jefatura de los fiscales nacieron en los albores del Programa Justicia 2020, en 2016. Habían tenido la astucia de no modificar el requisito de los dos tercios del Senado para la designación del Procurador. No hacía falta en realidad porque iban a crear 4 Subprocuradurías que se iban a repartir las funciones del procurador. Eran elegidos por el Ejecutivo y requerían solo de mayoría simple de los miembros presentes del Senado, el más antiguo en la línea de sucesión en caso de vacancia. En declaraciones posteriores, el mismo Germán Garavano había advertido que se requerían “mayorías más ágiles” para designar procurador. El eventual éxito del Gobierno si efectivamente termina mayo con una ley aceptable aprobada en Diputados que regrese al Senado no será completo. Todavía nadie habló con Daniel Rafecas, el candidato propuesto por Alberto Fernández que había deslizado que no aceptaría el cargo si se flexibilizaban las condiciones de designación por la legitimidad que requería su rol. Los más importantes funcionarios del Gobierno patean el problema para adelante.

De prosperar, casi que es el único escenario que podría augurar algo parecido a un triunfo para el Gobierno. La remoción de jueces en el Consejo de la Magistratura ingresó en un estancamiento. No colaboró la Pandemia y el aislamiento de la gente de la comisión de Acusación. No solo nadie logró correr de la presidencia de Casación a Gustavo Hornos, sino que perdieron empuje el resto de los expedientes disciplinarios que se habían abierto. El último hito será tabular los resultados de la encuesta hecha sobre Juan Carlos Gemignani para evaluar su comportamiento en el máximo tribunal penal que tienen más que ver con sus relaciones interpersonales que con causales de mal desempeño. Sería innovador que el Consejo eche a alguien por una encuesta. Sin embargo, Gemignani no se quedó quieto. Designó abogados a Norberto Giletta y a Luis Velasco. El primero fue exjuez federal y se enfrentó a Raúl Alfonsín, además de ser defensor de acusado por delitos de lesa humanidad. El segundo fue abogado de Luis Patti. En pleno ejercicio profesional y avezados en la materia, desplegaron todo tipo de planteos de nulidad en el expediente, lo que dilatará a un más lo ya extenso del proceso. Encontraron camino fértil porque cejó el ímpetu inicial.

Floreció una extraña interna que involucra a una de las principales consejeras del oficialismo Vanesa Siley. El Ministerio de Trabajo que conduce Claudio Moroni intervino el gremio Sitraju al entender que coexistieron convocatorias electorales simultáneas para elegir autoridades del sindicato creado al calor de Alejandra Gils Carbó en la Procuración y el más cercano al kirchnerismo de los gremios judiciales. Desde el Sitraju no solo lo desmienten, sino que han acusado a Siley –de extracción sindical y una dirigente respetada en el kirchnerismo- abiertamente como la instigadora de esa intervención. La insólita situación pareciera enfrentar a camporistas con kirchneristas quedando el albertismo como jamón del sándwich.

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