La información acerca de cómo gasta un intendente lo que recibe por los impuestos que un ciudadano paga debería ser, lógicamente, información pública, puesto que se trata de un funcionario que administra recursos que le pertenecen al conjunto de los habitantes del municipio. Pero ¿qué pasa al margen de la teoría? Un estudio desarrollado recientemente por el instituto de investigaciones de la Fundación Mediterránea (el IERAL) muestra que, para un ciudadano común, averiguar qué se hace con su dinero va de difícil a imposible, y que las excusas de algunas intendencias para negar el acceso a los datos rayan lo insólito.
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En el trabajo, los investigadores del IERAL se hicieron pasar por universitarios que querían conseguir los datos supuestamente de libre acceso de ejecución presupuestaria de los años 2004 y 2005 para un análisis a escala nacional. Las respuestas en muchos casos no tienen desperdicio: «Es una disposición del municipio no presentar información presupuestaria»; « Mande una carta al intendente, es el único que pueda autorizar el pedido»; «Escríbale un mail al contador (le dan mal la dirección)»; «Envíe un fax o un mail. (...) En esta oficina no tenemos ni fax ni mail»; «Tiene que hablar con el contador. Está en reunión. Sigue en reunión. No lo escucho (corta la comunicación)»; «No llame más. Elija otro municipio. Buena suerte». Al margen de lo anecdótico, los datos procesados del estudio, del que participaron los economistas Nadín Argañaraz y Sofía Devalle, no revelan un panorama favorable. De los 100 municipios estudiados, sólo 16 poseían en su página de Internet la información mínima requerida. A los restantes 84 se les envió un mail, ninguno de los cuales tuvo respuesta, y posteriormente se los llamó repetidamente por teléfono. Sólo 13% de los municipios consultados (11 jurisdicciones) mandaron el informe de ejecución presupuestaria, mientras que 76% se comprometió y no cumplió y 11% directamente negó la información.
Los números de ejecución presupuestaria detallan cuánto recaudan los municipios, por ingresos propios y por lo que reciben de las provincias, y cómo lo gastan. Si bien la normativa de transparencia en la gestión pública, mediante la Ley de Responsabilidad Fiscal y el Decreto 1172/03 de acceso a la información pública, solamente obliga a la Nación y a las provincias a publicar los datos, el costo para un municipio de mantener un sitio de Internet donde pueda encontrarse qué se hace con la plata de los contribuyentes es insignificante (el estudio del IERAL consultó además los 100 municipios más grandes). A pesar de que difícilmente puede un lector escéptico sorprenderse con las revelaciones del informe del IERAL, no existe justificación para que el acceso a los datos sea tan obstaculizado. Las provincias, quizá por las leyes antes citadas, realizan una difusión marcadamente más efectiva de un mayor número de datos presupuestarios,así como de licitaciones, deuda y legislación fiscal.
En algunos de los municipios en los que se rechazó el pedido de información de los investigadores se utilizaron argumentos como los siguientes:
Merlo (Buenos Aires), Contaduría: «Es una disposición del municipio no presentar esa información presupuestaria. Por favor seleccione otro municipio, aquí no se acostumbra (corta la comunicación)».
Caleta Olivia (Santa Cruz), Contaduría: «Se decidió no enviarle la información. Si estuviera en esta provincia sería otra cosa, más simple. No llame más, no gaste tanto teléfono. Buena suerte».
Quilmes (Buenos Aires), Hacienda: «Necesita enviar un fax. No tenemos fax, le voy a conseguir un número en otra área. Llame más tarde (nunca hubo un número de fax disponible)».
San Fernando del Valle de Catamarca, Contaduría: «Necesita obligatoriamente el aval de su universidad. Necesitamos conocer quién solicita la información, no puede darse a cualquiera».
Berazategui (Buenos Aires), Contaduría: «El intendente es la única persona que podría autorizar el pedido. Mándele una carta. En caso de ser autorizado, debe iniciarse un expediente con sus consiguientes costos».
Luján (Buenos Aires): «Debe solicitarlo personalmente (el investigador llamaba desde Córdoba). Envíele sino un mail al contador (le facilitan una dirección de correo, errónea)».
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