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Del total del gasto, casi 40% irá a servicios sociales, mientras que para la deuda se destinarán $ 10.645 millones, una pauta que a la luz de los anuncios de ayer de Informate más
Más allá de los números, se confirmaron ayer en la votación algunos puntos conflictivos del proyecto. Por ejemplo, la nueva variante de los superpoderes, ahora relacionados con el gasto. Así, se asegura a través de un ardid el gobierno el manejo discrecional de fondos por más de $ 9.250 millones. Un decreto presidencial este año terminó de pulir el mecanismo.
Es el sistema que armó el gobierno por el que se garantizó ya en la Ley de Presupuesto 2005 contar con la facultad especial que más le interesa y que más ha utilizado este año: poder disponer de los fondos originales o que reasigna en la « Jurisdicción 91- Obligaciones a Cargo del Tesoro», una partida que se triplicó desde que
Esas facultades se suman a las que el gobierno volvió a pedir este año en el proyecto votado ayer. Si bien se limitó el Ejecutivo en no exigir que le permitieran modificar partidas y reasignar gasto sin sujetarse a la Ley de Administración Financiera y de los Organismos de Control, hay otros poderes especiales que se votaron o que quedaron incorporados desde el año pasado a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto.
«Obligaciones a Cargo del Tesoro» reúne programas para asistir financieramente al «Gasto Social Provincial», «a Sectores Económicos», «a Empresas Públicas, Ente Binacional y Concesionarios Servicios Públicos» o « Asistencia Financiera a Provincias», entre otros. Recibe fondos del Tesoro y a su vez es uno de los orígenes y destinos de financiamiento que aparecen en las decenas de decisiones administrativas y decretos de necesidad y urgencia con que el gobierno modificó, por ejemplo, el Presupuesto 2005, es decir, actúa como una verdadera caja chica, o mejor dicho grande, de la Administración Central para distribuir desde subsidios, fondos para obras o la tan necesitada asistencia a provincias en un año electoral.
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