Ratificó el gobierno el plan de seguridad

El nuevo ministro de Justicia, Horacio Rosatti, confirmó ayer en el Senado la totalidad del plan de seguridad enviado por el gobierno durante la gestión de su antecesor Gustavo Béliz. En la foto, junto al senador Marcelo Guinle y al vicepresidente Daniel Scioli.

El gobierno mantendrá en tratamiento todos los proyectos sobre seguridad que fueron enviados al Congreso durante la permanencia de Gustavo Béliz en el Ministerio de Justicia y Seguridad. Ayer, después de una reunión del nuevo ministro Horacio Rosatti con los senadores de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y Seguridad Interior y Narcotráfico, se ratificó que en la sesión de hoy el Senado debatirá los proyectos de modificación al régimen de eximición de prisión y excarcelaciones, la extensión de la figura del arrepentido -para ser utilizada en otros delitos además de narcotráfico y secuestros-, el aumento de penas para los delitos relacionados con vaciamiento de empresas y la modificación de las facultades a fiscales para decidir la transformación de algunos delitos de acción pública en acción privada. Quedan pendientes de dictamen la instauración de juicios por jurados -que Rosatti apoya enfáticamente- y la unificación de fueros judiciales.

Rosatti llegó ayer al Senado para discutir el plan de seguridad y aclararles a los senadores el futuro de todos los proyectos que habían sido presentados en la era Béliz. Antes, tuvo un encuentro con Daniel Scioli, Marcelo Guinle y Miguel Pichetto, junto al secretario de Seguridad, Alberto Iribarne, para definir el futuro de los proyectos por debatir.

• Compromiso

«Para el gobierno de Néstor Kirchner, la seguridad es una política de Estado», dijo Rosatti a los senadores y se comprometió a buscar un diálogo fluido con el Congreso para consensuar los temas que deben ser «políticas de Estado». Fue entonces cuando confirmó que «no va a retirar» ninguno de los proyectos presentados en los últimos meses, aún los más controvertidos, como el caso de la unificación de fueros.

Después de que el radical Jorge Agúndez, presidente de la Comisión de Justicia, le confirmara los cuatro proyectos de ley vinculados a la seguridad que se tratarán en la sesión de hoy, los senadores comenzaron las preguntas.

• Pichetto le explicó a Rosatti que se consultará oficialmente al Ejecutivo para conocer la posición del gobierno sobre la constitucionalidad de la unificación de los fueros.

• La salteña Sonia Escudero, que preside la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, le consultó sobre el destino del fondo fiduciario que impulsaba Béliz, para mejorar operativamente las fuerzas de seguridad. Rosatti dijo entonces que «los fondos para atender los problemas de seguridad van a surgir del reacomodamiento de partidas del Presupuesto».

• El riojano Jorge Yoma le pidió al ministro que el gobierno fije posición sobre el término que dará a la prórroga de la legislación delegada, que el Congreso debe sancionar antes que venza el 25 de agosto; caso contrario, una infinidad de facultades delegadas al gobierno volverán al seno del Congreso.

De la reunión de ayer participaron también la bonaerense Mabel Muller; la porteña María Laura Leguizamón; Nancy Avelín, de Cruzada Renovadora; Marita Colombo, del Frente Cívico y Social; Delia Pinchetti de Sierra Morales; Nicolás Fernández ;y Lilya Arancio de Beller. Los dictámenes que se discutirán hoy en el recinto, y que luego deberá debatir Diputados, incluyen la «creación del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, destinado a las personas en situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieren colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal».