Rechaza control a medios estatales del Parlamento

Néstor Kirchner calificó ayer de «extorsiva» la posibilidad de un control parlamentario a los medios del Estado. En Río Gallegos, y ante una sugerencia periodística en tal sentido, se preguntó: «¿Control parlamentario para qué? Esto puede ser una extorsión permanente sobre los medios. Un medio del Estado sometido a control parlamentario puede terminar siendo un lugar en donde la libertad de pensar, escribir y elaborar va a estar bastante coartada. Que controle el Estado significa que comunica lo que hace el Estado a la sociedad, y me parece bárbaro (se descarta un juego de palabras con el apellido del mencionado futuro interventor de «canal 7», Julio Bárbaro). Por otro lado, no significa que no se genere una clara libertad de expresión», agregó. También reveló Kirchner su fe en los medios del Estado. «Es central. No creo en un Estado sin medios. Es evidente que tenemos que, primero, darle el marco de funcionalidad, y que represente el pensamiento de la sociedad. \'Canal 7\' deberá ser un canal con un contenido que exprese a los argentinos, es decir, tenemos que darle un punto de fuerte avanzada en la construcción de un proyecto cultural diferente en el país», dijo. El presidente electo, tras su clara definición de ayer, coincidió con el ex mandatario Fernando de la Rúa, quien vetó tres semanas después de asumir la presidencia la ley de control parlamentario de los medios de comunicación estatales. Esa ley, sancionada por el Senado el 24 de noviembre de 1999 (Diputados lo había hecho en diciembre del año anterior) a partir de un proyecto de la diputada frepasista Irma Parentella y el radical Luis Brandoni, disponía la creación de una entidad bicameral de control sobre lo que iba a llamarse Radio Televisión Argentina (RTA), y que iba a tener a su cargo la administración de «ATC», «radio Nacional» y las emisoras que integran el Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR). La ley, que además del control parlamentario disponía que los medios del Estado transmitieran programación cultural y educativa, y prohibía la emisión de publicidad de bebidas alcohólicas, tabaco y juegos de azar, estaba a la espera de ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. • Emergencia El secretario de Cultura y Comunicación de De la Rúa, Darío Lopérfido, anunciaba el 29 de diciembre de aquel año no sólo el veto de la ley sino también la intervención del canal llamado hasta entonces «ATC». Se fundamentó entonces que la situación de emergencia del canal hacía imposible de poner en práctica, dado que uno de sus puntos determinaba que la deuda del canal estatal (que era de 70 millones de pesos entonces convertibles) iba a ser absorbida por el Estado. Sin embargo, el veto no respondió únicamente a razones económicas: el gobierno De la Rúa objetó también que algunas facultades que la ley atribuía a la comisión bicameral debían ser reservadas al Poder Ejecutivo. En su lugar, se creó el Sistema Nacional de Medios Públicos, un órgano de control de «ATC» (que recuperó entonces el nombre de «canal 7») y demás medios estatales, incluida la agencia de noticias Télam. Tras la caída de De la Rúa, Eduardo Duhalde mantuvo el SNMP, a cuya cabeza designó al periodista Marcelo Simón el 22 de febrero de 2002 como interventor. A mediados de ese año Télam fue separada del SNMP, convirtiéndola en Sociedad del Estado dependiente en forma directa de la Presidencia de la Nación a través de la Secretaria de Medios. El multimedios SNMP siguió integrando a «canal 7» y «radio Nacional» con sus respectivas emisoras y repetidoras. El interventor sigue siendo Simón. En «canal 7» el director ejecutivo es Mario Pinto y, como se dijo antes, se menciona a Julio Bárbaro, ex Secretario de Cultura en los primeros años Menem, para ocupar ese lugar.

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