El violento accionar, en el norte salteño, de los piqueteros que la semana pasada destruyeron y saquearon oficinas de la empresa Tecpetrol, provocó la reacción masiva de los habitantes de la localidad de General Mosconi, que se autoconvocaron para manifestar contra los activistas.
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Fueron alrededor de 500 las personas que marcharon por las calles de Mosconi en la noche del lunes, a pesar de una fuerte tormenta de lluvia y viento que se desató en la zona. «Con esto entendemos que la mayor parte no quiere que se repita nuevamente la rapiña que con desagrado tuvimos que ver», afirmó María de Lugones, directora de la Escuela de Comercio local y una de las promotoras de la marcha.
En su mayoría, se trató de docentes, estudiantes y comerciantes, que dieron vueltas por la plaza principal del pueblo, seguidos por una columna de más de tres cuadras de vehículos que hicieron sonar sus bocinas. Se vieron banderas argentinas de distintos tamaños y una gran pancarta que rezaba «Queremos paz».
La decisión de los vecinos surgió en repudio a la violencia ocurrida el pasado jueves, cuando tras la detención de siete activistas en la localidad de Campo Durán, otro grupo asaltó e incendió las oficinas de Tecpetrol en Mosconi. Además, pidieron que la planta de la petrolera permanezca luego de que trascendiera la posibilidad de que la firma abandonara el lugar, versión que posteriormente fue desmentida por el titular del grupo Techint, Paolo Rocca.
Por su parte, diversos sectores del norte salteño publicaron ayer en el diario local «El Tribuno» una solicitada alertando que la situación social y económica del departamento San Martín -donde se encuentran Mosconi y Tartagal- es «gravemente crítica», y condenando «enérgicamente la violencia caprichosa e injustificada que dañó los bienes de Tecpetrol SA y empresas locales». El escrito hizo mención, además, a que «no somos partidarios y repudiamos métodos de acción directa que por la violencia como metodología crean la falsa antinomia de trabajadores vs. productores», en tanto que exigió a los gobiernos de Nación y provincia «la adopción de medidas para garantizar el estado de derecho en el departamento».
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