Senado: la ministra Gómez Alcorta destacó la perspectiva de género del proyecto de reforma judicial

Política

En la reunión de Comisión, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, señaló que en la actualidad "hay una fuerte disparidad de las mujeres en la administración de justicia". También disertaron expertos, constitucionalistas, funcionarios judiciales y abogados.

El Senado de la Nación realizó este martes la tercera audiencia sobre el proyecto de Ley de Reforma Judicial que el Poder Ejecutivo envió al Congreso con la presencia, a través de una videoconferencia, de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien destacó la perspectiva de género presente en la iniciativa.

"Los procesos de selección de las autoridades están fuertemente sesgados en cuestión de género, no permiten el igual acceso a los cargos y esto se ve reflejado en las sentencias que desconocen derechos fundamentales de las mujeres y de las diversidades", advirtió la fucionaria ante los senadores.

Gómez Alcorta explicó que el proyecto de reforma judicial establece “de forma imperativa” que deberá respetarse el acceso a la justicia teniendo en cuenta la igualdad de género.

En su disertación, a través de videoconferencia, la funcionaria juzgó que "cualquier mecanismo que promueva la participación, como cuotas o la paridad en el equilibrio de los géneros, son acciones muy positivas".

Además, explicó que en el proyecto enviado al Congreso por el presidente de Alberto Fernández "hay cuestiones de género centrales" y, como ejemplo, mencionó el artículo 16 de la norma "que establece que el Consejo de la Magistratura procederá a elegir las listas teniendo en cuenta y respetando la diversidad de género".

Gómez Alcorta también señaló el artículo 37, sobre el proceso de selección de magistrados, en el que deberá valorarse la perspectiva de género al momento de las oposiciones.

“Hay una fuerte disparidad de las mujeres en la administración de justicia. A medida que se asciende en la pirámide, la participación de las mujeres se ve reducida. En los juzgados federales de todo el país el 79% de los titulares son varones”, indicó.

En este sentido, insistió en que esta realidad de la justicia “muestra la existencia de barreras institucionales y culturales que dificultan la participación de las mujeres en los espacios de mayor jerarquía. El Estado tiene la obligación de promover la igualdad de género".

"Hay un camino enorme para trabajar, para despatriarcalizar una organización judicial que históricamente fue conducida por varones y sus operadores también siempre fueron varones", concluyó Elizabeth Gómez Alcorta.

Otra de las exposiciones estuvo a cargo de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, quien señaló que una "reforma al sistema federal de Justicia debe hacerse, es necesaria y urgente”.

“Hay que introducir profundas modificaciones en el funcionamiento de la Justicia, aunque creo que este proyecto de ley tiene algunos problemas", expresó e hizo hincapié en el desbalance en la en la cantidad de cargos asignados al Ministerio Público de la Defensa.

"La Ley de Ministerio Público establece que por cada juzgado que se cree se debe crear una fiscalía y una defensoría. Eso acá se ha dejado de lado. Entiendo que por la escasez de recursos se puede disminuir un poco esa proporción pero no como está en el proyecto", dijo.

También advirtió que "en un sistema futuro, y mejor, tiene que haber una mayor cantidad de defensores porque sino la audiencias no se pueden hacer".

A su turno, el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación, Carlos Rívolo, consideró que "este proyecto pone en riesgo la verdadera reforma del sistema federal que los fiscales impulsamos, la instauración definitiva del sistema acusatorio, porque la esencia de este sistema es la división de roles entre jueces y fiscales".

"Una de las especialidades que tiene el sistema acusatorio está vinculado a la especialidad y las competencias, este proyecto rompe con eso", señaló.

La directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, advirtió también sobre el futuro del sistema acusatorio. "Hay que trabajar sobre una modificación de la lógica del funcionamiento del fuero penal del país y nos parece que este proyecto se queda en una lógica de creación de juzgados y fiscalías que implica una mirada contraria a la base del sistema acusatorio", estableció.

"El proyecto de reforma no puede estar basado en la creación de juzgados. Los proyectos de reforma nunca son movilizados por los jueces, en general van motorizados por el Ministerio Público Fiscal", agregó.

"Las objeciones a este proyecto no tienen que ver con la idea de que se sostenga todo como está, la Justicia federal funciona muy mal. Sí nos parece necesaria una mirada distinta a la reforma, para ver cómo hacer llegar lo antes posible el sistema acusatorio", aclaro.

Por su parte, el exconsejero de la Magistratura, Alejandro Fargosi, quien participó como parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que "si el fundamento de la reforma es el letargo y la politización de la justicia federal, lo que hay que hacer no es nombrar más jueces, sino juzgar y remover a los responsables según lo que dicta la ley".

"La solución pasa por remover a los jueces malos, no por nombrar más jueces, sobre todo en una justicia que no afecta directamente a la gente", añadió.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, señaló que “la unificación de los fueros criminal y correccional en lo penal y económico con asiento en CABA y la creación de fiscalías y defensorías es positivo porque es una alternativa constitucional racional a una demanda de la sociedad”.

Luego fue el turno del abogado Jorge Rizzo, de Espacio Gente de Derecho quien señaló que “venimos a hablar desde el abogado que transita todos los días por tribunales”.

“Creemos que la reforma tiene que tender a la recuperación de la credibilidad de la Justicia y dirigirse a su real independencia y el mejoramiento de los procedimientos para lograr una brevedad en los procesos y su abaratamiento”, manifestó.

La fiscal de los Tribunales Federales de Comodoro Py, Gabriela Baigún consideró que “es necesaria una reforma” dado que “esta justicia federal va en contra a todo el sistema acusatorio que viene rigiendo en la Argentina, tiene fiscales que son espejo de una Justicia que se comporta de manera feudal, que no es transparente”.

El presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Fernando Díaz Cantón destacó que “el propósito de este proyecto va en contra de lo que se quiere sancionar”. “Estamos llenando la justicia de no jueces porque los jueces que están nombrando son jueces investigadores. Tampoco los quiero llamar inquisidores, pero un juez investigador no es un juez. Un verdadero juez es el juez de garantías”, explicó.

La fiscal Mónica Cuñarro cerró la ronda de exposiciones destacando que “la propuesta es imprescindible porque es el único poder que no ha sido reformado y creo que esto debe acercar a las distintas fuerzas políticas en una tarea que hace a la democracia”.

Señaló que “para reformar la Justicia en el campo penal hay que robustecer el Ministerio Público Fiscal y no al juez. Hay que dotarlo de las capacidades investigativas para esa criminalidad”.

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