Resta apoyo el gobierno a amnistía para piqueteros

Mostrando un notable conflicto interno, el gobierno opinó ayer, a través del ministro del Interior y del secretario general de la Presidencia, dos conceptos opuestos respecto del proyecto de ley de amnistía presentado en el Congreso. El proyecto de ley de desprocesamiento para los «luchadores sociales» solicitado por el movimiento piquetero «continuará» en el ámbito del Congreso Nacional, aseguró anoche el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, aunque sin auspicio oficial.

Así lo expresó el oficioso vocero de la Casa Rosada, el jefe de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) y diputado provincial bonaerense, Luis D'Elía -después de reunirse con Parrilli-, que aclaró ominosamente que « si dicha ley no está» promulgada antes de fin de año « habrá problemas».

El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados por un grupo de legisladores kirchneristas que se autodenominan «Talcahuano» pareció comenzar ayer a hundirse, cuando desde el gobierno se hizo público que no es «nuestra manera de ver las cosas». Esto provocó una declaración de los diputados firmantes del proyecto y un debate en las organizaciones piqueteras que presentan enfoques disímiles sobre la iniciativa.

•Partes salientes

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, reiteró ayer lo ya afirmado por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández: el gobierno nacional «no» presentó ningún proyecto de amnistía para piqueteros procesados por la Justicia. «Es el proyecto de un diputado -afirmó-, que no es nuestra manera de ver las cosas», explicó Fernández.

En cambio, como no podía ser de otra manera, el proyecto fue defendido por los diputados que lo impulsan. Allí se propone amnistiar no sólo a dirigentes piqueteros, sino también a las personas que hayan participado en «todos los hechos ocurridos con motivo o finalidad de reivindicación social, económica, política, gremial, de derechos humanos o estudiantil, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión».

En ese sentido, abarca a quienes hayan participado de manifestaciones, huelgas, ocupaciones de edificios deshabitados, asambleas populares, cortes de ruta, calles y cualquier otra vía pública, movilizaciones de ahorristas, puesta en producción de empresas, reclamos por alimentos, en un amplio espectro que abarca prácticamente todo tipo de manifestación social.

Sólo quedan excluidos expresamente quienes hayan participado de hechos represivos o de inteligencia que incluya a miembros de Fuerzas Armadas, policiales o de seguridad. El hecho que la iniciativa contemple la amnistía y no el desprocesamiento motivó una discusión entre las organizaciones piqueteras. En la Secretaría de Derechos Humanos indicaron que ese organismo se opone tanto a la amnistía como al desprocesamiento porque «ése no es el camino indicado para encontrar la solución».

En sus partes salientes el proyecto afirma en sus fundamentos que «algunos de los que critican la iniciativa lo hacen con argumentos de buena fe, que escuchamos. No se nos escapa la complejidad del tema».

•Modificable

«Es necesario que al ejercer el derecho de peticionar, lo hagan evitando afectar otros derechos importantes de sus compatriotas. Cuando se impide la libre circulación que permite a otros argentinos cumplir con sus trabajos, asistir a un hospital o ir a la escuela en tiempo oportuno, se ejerce de un modo lesivo el derecho de peticionar.»

«El texto dispositivo del proyecto es modificable y perfectible, para que logre su intención de ser útil a la pacificación social. Debe pasar por el debate en comisiones antes de llegar al recinto», concluye. Y lo firman los diputados Bertone, Canevarolo, Conte Grand, Fontdevila, Gómez, Gutiérrez, Johnson, Kuney, Lafalla, Osuna y Ubaldini.

Las organizaciones piqueteras, por su parte, se dividieron en torno al proyecto. Entre los que respaldaron la iniciativa se contaron el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD de Raúl Castells; alguna vez él mismo preso por asaltar e incitar a hacerlo a supermercados), la Corriente Clasista y Combativa (CCC del piquetero oficial Juan Carlos Alderete); y el Movimiento de Desocupados Aníbal Verón (una de las vertientes, liderada por Juan Cruz Dalfunccio), en tanto rechazaron el proyecto el Polo Obrero (de Néstor Pitrola), el Movimiento Territorial de Liberación (MTL, del partido Comunista; la encabeza Alberto Ibarra).