Retrocede gobierno en superpoderes a SIGEN

El gobierno ayer comenzó a revisar una reforma al polémico decreto emitido el pasado 5 de octubre que reglamentó la Ley de Administración Financiera del Estado y los Organos de Control, poniendo al Congreso y al Poder Judicial bajo la órbita de la Sindicatura General de la Nación y generando así una violación a la independencia de poderes.

Resulta extraño que ese Decreto 1.344/07 pasara por el despacho presidencial, cometiéndose el grave error de modificar la Ley de Administración -norma básica de la contabilidad nacional y el control de las cuentas públicas- a través de un decreto, una atribución que es exclusiva del Congreso. Ese tipo de «equívocos» pasó a ser demasiado común en el gobierno de Néstor Kirchner, como cuando a Felisa Miceli le pasó bajo sus narices el proyecto de autorización de pago al Grupo Greco, sin que supuestamente se diera cuenta.

En ese decreto, Kirchner dispuso derogar todas las disposiciones que reglamentaban la Ley de Administración Financiera, compilando todo en un reglamento único. Pero la suma de todas esas partes no fue igual al todo.

De acuerdo con la Ley de Administración Financiera del Estado, la SIGEN es la encargada del control interno del Poder Ejecutivo. Por el contrario, la Auditoría General depende del Congreso y controla externamente las cuentas del Estado. El decreto reglamentario modifica entonces esa relación al introducir al Poder Legislativo y el Judicial dentro del concepto de Administración Central, por lo que el Poder Ejecutivo puede ordenarle a la SIGEN que audite las cuentas de los otros dos poderes.

Ayer el radical Gerardo Morales anunció que el radicalismo recurrirá a la Justicia: «Este es un decreto reglamentario de la Ley de Administración Financiera y lo que hace es terminar con la independencia de poderes», dijo. «Por ello estamos presentando en la próximas horas una acción de inconstitucionalidad en la Justicia, juntamente con el senador Ernesto Sanz y el bloque de senadores radicales, para que deje sin efecto por inconstitucional este decreto», agregó.

«Quienes están encargados de controlar cómo gasta el Ejecutivo pasan a ser controlados por la Presidencia. Simplemente es eso lo que establece el decreto», dijo ayer la arista Marcela Rodríguez, que no sólo pidió al Consejo de la Magistratura que debatiera hoy la medida por considerar que vulnera la independencia del Poder Judicial, sino que también anunció que se presentará a la Justicia por considerar al decreto una intromisión de poderes que vulnera sus atribuciones como diputada.

Desde el gobierno ayer intentaron relativizar los alcances del decreto. Aníbal Fernández rechazó que el gobierno fuera a auditar las cuentas del Congreso y del Poder Judicial: «No puede hacerlo porque no tiene esa atribución ni esa competencia específica. El decreto reglamenta la Ley de Administración Financiera que data de 1992, no es nada nuevo», dijo.

De toda la reglamentación de la Ley de Administración Financiera, el punto que más polémica despertó fue la modificación implícita que se hace al artículo 8 cuando incluye al Congreso y la Justicia como integrantes de la administración central. Pero para defender esa decisión firmada por Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Miguel Peirano, el gobierno quiso aclarar que en el artículo siete del decreto se fija que la SIGEN y la Auditoría General de la Nación «serán autoridad de aplicación en el ámbito de sus competencias específicas». Así intentaron explicar que la SIGEN sólo se ocupará del Ejecutivo, como lo indica «la Ley de Ministerios».