El Consejo Permanente de la OEA se limitó ayer a tomar nota de un informe del canciller uruguayo, Reinaldo Gargano, sobre los cortes de los puentes fronterizos con la Argentina, debido a la oposición de Buenos Aires que consideró que se trataba de un asunto bilateral. « Dadas las circunstancias, al haber dicho claramente el representante de la Argentina que no quiere discutir este tema dentro de este foro, recomiendo al Consejo Permanente que tomemos nota de los comentarios y de la información que se nos ha suministrado», afirmó el presidente del Consejo, John Ellsworth.
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Ninguno de los 34 miembros se opuso a esa decisión tras escuchar al canciller uruguayo presentar un informe sobre las consecuencias «regionales» y no sólo bilaterales del corte de las rutas entre ambos países por opositores a la construcción de dos papeleras del lado uruguayo del río del mismo nombre. «No venimos a plantear que resuelvan nada ustedes sino que trasladen y tomen información de lo que está ocurriendo, que no es poca cosa entre nuestros dos países», afirmó el ministro.
También criticó al gobierno argentino por no frenar esas medidas. «No es creíble que no tienen los recursos necesarios para evitar que esto suceda», destacó, a lo que añadió que el contencioso es más que un problema regional. «Imaginen que este tipo de procedimientos, llevados adelante por personas del ámbito civil, se extiende a otros países», afirmó para destacar que el caso sienta un «peligroso precedente».
Por su parte, el embajador de la Argentina ante la OEA, Rodolfo Gil, replicó que su país «sostiene que el problema es de naturaleza bilateral y netamente ambiental, cuya base jurídica es el incumplimiento por parte de Uruguay del Estatuto del Río Uruguay».
«Dado que la controversia tiene como base jurídica el incumplimiento por el Uruguay (de dicho texto), corresponde aplicar el procedimiento específico de solución de controversias previsto en dicho tratado», o sea la Corte Internacional de Justicia de La Haya, aseguró.
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