Se complica más gestión de Avelín, sin apoyo político

San Juan - El gobernador Alfredo Avelín comenzó a quedar definitivamente aislado en el gobierno luego de que en la Legislatura sanjuanina avanzaran ayer dos pedidos de juicio político. Si bien no tendrían demasiadas chances de prosperar -son demasiados elementos en su presentación-, todo el arco opositor, incluido los socios de la alianza gobernante, estarían trabajando a pulmón sobre «alguna otra perla» para avanzar con la destitución del mandatario.

Como si fuera poco, el Tribunal Electoral de la provincia resolvió que la convocatoria a elecciones para el 4 de agosto quedará sin efecto tras la ley decisoria aprobada por Diputados que suspendía el llamado de Avelín.

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Con el espaldarazo de la Justicia los legisladores quieren ahora terminar de romper relaciones con el mandatario de Cruzada Renovadora que los desafió públicamente a reafirmar sus mandatos en una votación.

Cinco diputados que integran la Comisión Investigadora del Juicio Político de la Legislatura de San Juan, iniciaron el proceso de toma de declaraciones testimoniales para determinar si acusan o no al gobernador de incumplimiento a los deberes de funcionarios público.

Los legisladores Nélida Monserrat, del Bloquismo; Tulio Del Bono, del PJ; Jorge Quatroppani, de Desarrollo y Justicia; Delia Papp ano, de la UCR y Talar Quintar
de Cruzada Renovadora, ya reunieron gran parte de la prueba documental y esperan terminar a fin de la semana que viene con el proceso de pruebas para emitir un dictamen final que debe presentarse antes del 4 de junio.

Sin embargo, fuentes legislativas aseguraron a Ambito Nacional que el pedido que se analiza es inviable: la agrupación Ciudadanos Argentinos Independientes (CAI) acusa al gobernador de no mantener la paz social y el orden público, y de no cumplir con sus promesas electorales. «Si es por eso, la mayoría de los gobernadores podría ser juzgada ya mismo», confiaron.

En tanto, un nuevo pedido de juicio político al gobernador fue presentado por el abogado Roberto Agustín Gómez por «falta a su deber como funcionario público», basado en la falta de pago de los bonos SAJU por un valor de 279.378 pesos, luego de un juicio ganado al Estado. El caso es similar al presentado por otro letrado que posteriormente desistió del pedido.

En tanto, los gremios estatales continuaban ayer con la toma de edificios públicos en reclamo del pago de la deuda salarial de febrero y marzo, sobre lo que el gobierno propuso un plan de pagos en 10 cuotas, pero que aún no se llega a un acuerdo con los gremios. Hoy podría firmarse un acta-acuerdo entre Avelín y los docentes lo que podría romper el frente sindical y hacer que termine el paro en las escuelas mientras continúa en los hospitales.