La Cámara Penal señaló que el desalojo deberá ser ejecutado por la Policía Metropolitana, con la cooperación de la Federal y Gendarmería.
El desalojo del predio tomado hace 24 días frente a la Villa 20 del barrio porteño de Lugano finalmente se postergó debido a la falta de tiempo para coordinar las acciones en común de las tres fuerzas designadas y de las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad para llevarlo a cabo.
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Fuentes oficiales relataron a Noticias Argentinas que "por una cuestión de tiempo no se podrá realizar, pero a partir de mañana estará todo listo para hacerse".
"El juez Gabriel Vega ordenó que el desalojo se haga entre las 9:00 y las 19:00, pero ya no hay tiempo para llevar a cabo las reuniones correspondientes de coordinación entre la Policía Metropolitana, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, además de todo lo que tiene que ver con el equipamiento del Gobierno porteño: Espacio Público, SAME y otras áreas", explicaron.
De esa manera, el desalojo estará listo para hacerse desde este viernes, siempre y cuando que ninguna de las tres fuerzas de seguridad presente algún inconveniente para hacerlo, ya que en ese caso no podrá llevarse a cabo.
Mientras tanto, 30 legisladores de la oposición porteña firmaron este jueves un pedido a la jueza Gabriela López Iñíguez para lograr "una salida dialogada a la problemática de la vivienda" en el predio tomado en Villa Lugano.
La nota fue firmada por los bloques del Frente para la Victoria, UNEN, el MST e Izquierda Popular y fue presentada en el marco de una reunión que se realizó al mediodía entre una comitiva de diputados y la magistrada porteña.
Por la mañana, luego de que la Justicia Contravencional ratificara la decisión de desalojar el predio tomado hace 24 días en el barrio de Villa Lugano, el procurador porteño, Julio Conte Grand, puso en duda que la orden pudiera ejecutarse en forma "inmediata".
"Mi impresión es que la orden no se ejecutará en forma inmediata, teniendo en cuenta la altura que estamos de la toma y que la fiscalía a cargo va a actuar con profesionalismo", expresó el funcionario en declaraciones a canal 26.
Conte Grand llamó a los funcionarios a "deponer" actitudes que motivaron la no intervención de fuerzas federales en los anteriores operativos de desalojos, que terminaron fallidos.
"Recordamos que ese predio estaba bajo custodia de Gendarmería y ahora no quiso intervenir por no ponerse a las órdenes de una fuerza local", sostuvo.
Por otro lado, calificó de "grave" la situación de los ocupantes del predio, por la "alta contaminación" que existe en el lugar.
"La contaminación es angustiante. Las personas que están allí se contaminan de forma invisible pero grave", expresó el procurador.
Este jueves, la Cámara Penal y Contravencional de la Ciudad ratificó la orden de desalojo del predio situado en Cruz y Pola.
Según especificó el tribunal, la medida debe cumplimentarse en horario diurno, de 9.00 a 19.00, y los gobiernos nacional y porteño deban coordinar su accionar, luego de los cruces que hubo tras el primer intento fallido de desalojo.
En aquella ocasión, el juez penal Vega ordenó que la Policía Metropolitana se encargara del operativo y el fiscal pidió la presencia de la Federal y de Gendarmería, lo que fue rechazado por el secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni.
El procedimiento finalmente no se cumplió por "falta de recursos", en medio de cruces y chicanas entre los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri.
En los últimos días, la causa había sido frenada por una recusación de la Defensoría General de la Ciudad al camarista Marcelo Vázquez por adelantar su opinión.
Sin embargo, sus compañeros en la cámara, Sergio Delgado y Jorge Franza, ratificaron al magistrado y acordaron, entre los tres, disponer el desalojo.
El predio, bautizado barrio "Papa Francisco", fue tomado el 25 de febrero por vecinos de la Villa 20, en reclamo de una promesa del gobierno porteño para construir sus viviendas.
• Multisectorial para buscar salida
Los legisladores porteños opositores al macrismo pedirán este viernes la aprobación de un proyecto de creación de una mesa multisectorial de diálogo para buscar una salida que evite un desalojo violento.
Durante una reunión que se celebrará a las 12 en el salón Perón de la Legislatura, los diputados plantearán la necesidad de "encontrar una solución pacífica a esta situación, entendiendo que por sobre todas las cosas está el valor de la vida humana", informaron fuentes legislativas.
En la mesa multisectorial que proponen en su proyecto estarán los diputados de la comisión de vivienda de la Legislatura, representantes de la vicaría de curas villeros, de la pastoral social, del Ejecutivo de la ciudad, del defensor del pueblo de la ciudad y de vecinos de la villa 20.
La jueza Gabriela López Iñiguez, quien debe ejecutar el desalojo por orden de la Cámara, dispuso la conformación de una mesa "técnica", integrada por la Policía Meropolitana y diversos organismos porteños de asistencia, para elaborar un plan de acción que instrumente esa desocupación.
El fallo de la Cámara ordena a la magistrada que en la desocupación deben prestar colaboración fuerzas de seguridad nacionales como Policía y Gendarmería, mientras que López Iñiguez dispuso además que se les debe notificar previamente a los ocupantes sobre el momento del desalojo.
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