El gobierno sigue avanzando en la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, lo que implica que unos 800.000 empleados dejen de tributar o lo hagan en menor medida. Ayer Felisa Miceli lo anunció, por segunda vez durante la administración Kirchner, mostrando el apuro del gobierno por calmar por esa vía presiones salariales que se multiplican en las paritarias abiertas y alimentar, al mismo tiempo, la campaña. Pero mientras se mejora así el salario de los trabajadores con sueldos medios, reivindicando esta positiva vuelta atrás de la reforma que llevó adelante Fernando de la Rúa en 1999, se quiere olvidar que los tramos más nefastos de ese impuestazo siguen vigentes y afectando todos los bolsillos.
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Existen dos normas dictadas entonces por José Luis Machinea que el gobierno parece no recordar. Una de ellas es un agregado (tras el artículo 23 de la ley del Impuesto a las Ganancias donde se establecen las deducciones que cada trabajador puede hacer a la liquidación del impuesto) que incorporó Machinea para fijar una escala de reducción de esas deducciones posibles a medida que se incrementan los sueldos. Esa curiosa progresión nunca había existido hasta 1999.
Es decir, se dice allí que quien más cobra menos puede descontar de Ganancias en rubros como cónyuge, hijos o familiares a cargo -sobre los que se supone la misma carga para cualquier ciudadano- e inclusive la deducción especial.
Esa medida, junto a la cuestionada modificación de la escala de porcentajes del impuesto y a la baja en ese momento del mínimo no imponible es lo que configuró ese suicidio político que se conoció en diciembre de 1999 como el «impuestazo de De la Rúa». Se profundizó así una recesión en los bolsillos y el ánimo de la gente que, inclusive, para entonces tenía visos de comenzar a ceder.
Una reforma de Ganancias lógica, entonces, no podría dejar de lado la eliminación de ese artículo 23 bis y la modificación a las escalas. Sólo de esa forma se podría desandar el camino que iniciaron Machinea y De la Rúa con el impuestazo.
Es el camino que ayer Micelipublicitó al anunciar la nueva suba en el mínimo no imponible de Ganancias: «Se está reconstruyendo en 4 años lo que se destruyó en 30», dijo. Tiene razón la ministra en cuanto a bajar la presión de ese impuesto sobre los sueldos, siempre con la intención de volcar más fondos al consumo, efecto inmediato entre las categorías que son alcanzadas por la nueva noticia.
Pero quien ubique sus ingresos sólo algo por encima de los $ 4.000 que se estableció como mínimo no imponible para los trabajadores casados seguirá sufriendo la reforma Machinea. Es claro que también siguen afectados todos los trabajadores por la modificación en la escala de Ganancias que se hizo en diciembre de 1999.
Otros sectores, con salarios medios, tuvieron más suerte en los últimos tiempos, o al menos supieron presionar mejor. Como el caso de los petroleros de la Patagonia. Poco después de disponer Néstor Kirchner la primera suba en el mínimo de Ganancias de su mandato, concedió por ley -redactada a medida por el sindicalismo del Congreso- un estatus especial dentro de ese tributo a los convenios colectivos del petróleo sureño. Consiguieron esos sindicalistas, en medio de una parálisis y toma de yacimientos, que se incorporaran algunas nuevas deducciones en Ganancias para ellos, que otros trabajadores no pueden disfrutar, como los vales de comida o las horas viaje. Ni Hugo Moyano pudo llegar tan lejos luego para sus camioneros, a los que debió conformar con la menor presión impositiva cuando le reclamaron que la suba de salarios conseguida iba a parar en parte a las arcas de la AFIP.
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