Se repite Macri: cede con Madres como con patentes y sindicatos

Esta vez no fue la suba de ABL, ni los docentes, ni las patentes. Bastó que un grupo de Madres de Plaza de Mayo tomara la Catedral para conseguir que Macri diera marcha atrás con los fondos que intentó controlarles.

Demasiados frentes abiertos para Mauricio Macri: ayer debió ceder a la extorsión de las Madres de Plaza de Mayo cuando Hebe de Bonafini tomó la Catedral Metropolitana en protesta por fondos congelados para su plan de viviendas en Los Piletones.

«Las Madres de Plaza de Mayo obtendrán los fondos del Gobierno porteño una vez que hayan cumplido con los pasos legales correspondientes.» La advertencia de la vicejefa de Gobierno porteño, Gabriela Michetti, duró apenas horas y fue similar a otras que lanzó Macri desde que asumió el mando porteño y sobre las que también tuvo que ceder.

Con la Catedral inundada de manifestantes, piqueteros y simpatizantes de organizaciones sociales kirchneristas, y con el Arzobispado de Buenos Aires, comandado por Jorge Bergoglio, absorto por la toma del máximo templo católico del país, el macrismo convocó otra vez a una reunión de conciliación urgente y liberó los 3,4 millones de pesos para las obras de construcción de viviendas en barrios carenciados del sur de Buenos Aires.

Macri venía lanzado tras enfrentarse a caciques sindicales de la talla de Hugo Moyano, Jorge Omar Viviani y el municipal Amadeo Genta a partir de medidas como la quita de registros de conducir por infracciones repetidas, los despidos de empleados municipales que no cumplían sus tareas, la intervención de la obra social de los municipales porteños, la suba del impuesto de ABL y el aumento retroactivo -e ilegal para varios constitucionalistas, como Gregorio Badeni-en las patentes de automotor. Reculó en este último acto de gobierno que será moderado a través de una nueva ley que les dará la oportunidad a los morosos de pagar sin ser sometidos a los aumentos de las multas que llegan hasta 150% de su valor. Pero recapacitó también el alcalde porteño al pasar primero a empleados al registro de agentes en disponibilidad (RAD) y sacar ayer un decreto que los reincorpora.

Lo mismo hizo con los inspectores capitalinos, a quienes primero les quitó por decreto su credencial que más tarde les devolvió. Y hasta su amigo de la infancia Nicolás Caputo fue víctima de los vaivenes macristas. Lo designó primer asesor ad honorem y, ante las críticas del kirchnerismo, lo apartó de su equipo de trabajo.

Pero lo peor para él no fue sólo el volver a ceder, sino los protagonistas. Ayer, Macri debió negociar a través de Esteban Bullrich, con Sergio Schocklender, mano derecha de Bonafini. Y hacerlo bajo la presión de Jorge Bergoglio, a quien en ese momento le importaba más la pulcritud de la Catedral que el gobierno de sus amigos porteños.

Destino

El millón de dólares que reclamaban las Madres estaba destinado a la compra de materiales y al pago de salarios de 1.300 trabajadores de la construcción de viviendas populares en diversas obras impulsadas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Ese acuerdo es en realidad casi un «joint venture» entre esa asociación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las Madres son hoy casi socias de la Ciudad gracias a la empresa que montaron en conjunto, con tecnología traída de Italia para la fabricación de los paneles premoldeados con que se construyen esas viviendas en la zona de Los Piletones, junto a Ciudad Oculta. Todo se hizo en tiempos de Jorge Telerman, pero como herencia de los proyectos que se habían lanzado cuando Aníbal Ibarra aún conducía la Ciudad. En síntesis: aunque le pese a Macri, esa sociedad es hoy indisoluble y aunque los fondos sean aportados por la Nación y él los administre, ayer se probó que poco puede hacer para controlar el destino que Bonafini les dé.

En esa suerte de capitulación del macrismo, Schocklender se llevó mucho más que los fondos. Al cerrar su encuentro con Bullrich, el asesor de las Madres informó que se acordó, además, la creación de una comisión tripartita entre la Nación, la Ciudad y la Fundación que tendrá como tarea fundamental definir la estructura de financiamiento de las obras en ejecución, a saber: 600 viviendas en la Villa 15, 300 viviendas en el Núcleo-Habitacional Transitorio, 700 en las villas 21 y 24, 1.300 viviendas en la Villa 20, 780 viviendas en Castañares, la terminación de 432 viviendas en Los Piletones y otras 600 viviendas más en ese mismo barrio. La convivencia, entonces, continuará, algo que quería garantizarse Bonafini.

Quedaron así en el olvido las advertencias que más tempranole había lanzado Michettia la agrupación: «El Gobierno porteño no tiene nada en contra de la organización Madres. Deberán cumplir con la instrumentación legal que se le exige a cualquier empresa constructora que trabaje con la Ciudad. Ninguna empresa, organismo u ONG tendrá privilegios respecto de otras».