Senado aprobó proyectos sobre lucha contra delitos sexuales

Los senadores radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales.

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad, y giró a Diputados para su sanción definitiva, un proyecto de ley para la creación de un Registro Nacional con Datos Genéticos que unifique información sobre acusados de violación.

La aprobación se produjo luego de que la misma Cámara le dio media sanción a un proyecto para modernizar la ley que combate la trata de personas.

El Registro de Datos Genéticos por Delitos Sexuales es un proyecto consensuado sobre la base de iniciativas de los senadores Sonia Escudero, Ramón Mestre y Miguel Angel Pichetto.

La norma propone crear un Registro nacional de datos genéticos vinculados con delitos contra la integridad sexual que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En el registro deberán figurar datos, fotografías actualizadas, domicilio actualizado y DNI de los acusados.

La finalidad del registro será facilitar el esclarecimiento de los hechos en el marco de una investigación judicial vinculada a delitos contra la integridad sexual, con el objeto de proceder a la individualización de las personas responsables.

Un proyecto original fue aprobado en 2008 por el Senado, pero como Diputados no lo trató nunca, la sanción se cayó a los dos años y debió ser presentada nuevamente este año.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad y tras un corto debate, minutos después de que la Cámara aprobó otro proyecto para endurecer el combate contra la trata de personas.

• Trata

El Senado también aprobó por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la ley de trata de personas que, entre otras cosas, elimina la figura del "consentimiento" por parte de la víctima.

Una de las principales modificaciones a la ley vigente (26.364) es la eliminación de la figura del "consentimiento" en los casos en que el damnificado era mayor de edad, lo que permitía al responsable del delito ser exonerado por la Justicia,

Además, la iniciativa obliga al Estado a garantizarle a las víctimas de ese delito una serie de derechos, entre los que se destaca el "asesoramiento legal y patrocinio jurídico gratuito".

Según el proyecto, las víctimas también tendrán derecho a recibir "asistencia psicológica y médica gratuitas", "capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo" y "protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar al Programa Nacional de Protección de Testigos".

Además, la iniciativa establece la creación del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que funcionará dentro del ámbito de la Jefaura de Gabinete de Ministros.

En el Consejo habrá representantes de los ministerios de Justicia; de Desarrollo Social; de Relaciones Exteriores; del Interior; de la Cámara de Diputados; del Senado; del Poder Judicial y de cada una de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.