La demorada y polémica ley de inteligencia podría tener hoy dictamen de comisión, aun cuando deberá esperar turno hasta que pasen las elecciones para la sanción: las campañas en el interior impedirán que el Senado junte quórum antes, tal cual sucedió ayer. Preocupado por cazar terroristas -en especial, en la denominada Triple Frontera-, el gobierno viene reclamando la aprobación del proyecto desde que se produjeron los ataques en los Estados Unidos, el 11 de setiembre.
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En la iniciativa que estudian los senadores, queda expresamente prohibido que, en el marco de los quehaceres de inteligencia, se realicen movimientos represivos. En este último aspecto, los legisladores mantienen el veto para que los militares puedan tener injerencia en tareas de espionaje. Augusto Alasino (PJ-Entre Ríos) presentó un proyecto de declaración en rechazo a la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de política inter-na, lo cual hubiera implicado -a su modo de ver-un «retroceso inconcebible e incompatible con el Estado de Derecho».
El gobierno salió a desmentir ayer que hubiera fogoneado que el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea se superpongan con la SIDE en este ámbito. Juan Pablo Baylac ratificó que las 3 armas «no tendrán participación en la inteligencia interna». El vocero oficial señaló que las Fuerzas Armadas continuarán cumpliendo con el rol habitual y que, en todo caso, podrían aportar «recursos humanos» para la prevención de acciones terroristas. Baylac hizo de portavoz de Horacio Jaunarena. Por la mañana, el ministro de Defensa había informado a Fernando de la Rúa sobre los avances de la ley de inteligencia, durante la reunión de gabinete.
A las 11, los presidentes de las comisiones que deben intervenir en el trámite parlamentario se reunirán para firmar un despacho único y evitar así que el proyecto sea sometido a los avatares burocráticos. La idea es que este mediodía quede listo para llegar al recinto en la primera sesión después del 14 de octubre, cuando se normalice la actividad en el Congreso.
Cita agendada
Ayer, Beatriz Raijer (PJCórdoba) -de la comisión de Fiscalización de Seguridad Interior e Inteligencia-y su cole-ga de Defensa, Jorge Villaverde, agendaron la cita con el jefe de Derechos y Garantías, liderada por el propio presidente del cuerpo, el radical misionero Mario Losada. Además, se les sumarán Jorge Agúndez (UCR-San Luis), de Asuntos Penales y responsable del bloque oficialista; Carlos Corach, por Seguridad Interior, quienes no pudieron arribar a tiempo a un encuentro previsto para la víspera, el cual finalmente fue pospuesto para hoy.
La propuesta avanza en un vacío legal: el de las «escuchas» telefónicas, que ahora serán sancionadas en el Código Penal, donde estarán tipificadas, al igual que la violación de correspondencia. Según la propuesta, se penalizará con prisión de 6 meses a 1 año la captación sin autorización judicial de comunicaciones de terceros.
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