Senado tiene proyecto para blindar restricciones y oposición ya lo rechaza

Los encierros que gatille Alberto Fernández estarán permitidos bajo diversos parámetros y mientras dure la emergencia sanitaria, hoy establecida hasta el 31 de diciembre próximo.

Senado de la Nación

El Gobierno envió ayer a la tarde al Senado -donde hay cómoda mayoría cristinista- el proyecto que blindará las futuras restricciones y encierros que gatille Alberto Fernández. Todo estará permitido mientras dure la emergencia sanitaria, es decir, como mínimo, hasta fin de año.

La iniciativa, basada en los últimos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para combatir los efectos de la segunda ola del coronavirus, refuerza a la Casa Rosada a la hora de profundizar medidas restrictivas en lugares de “alto riesgo epidemiológico y sanitario”, así como morigerar luego dichas prohibiciones.

Hacia allí se apunta también la suspensión de clases presenciales, con consulta con los distritos involucrados y la posibilidad de ir hacia atrás ante mejoras en el panorama epidemiológico, algo sobre lo cual desconfían varios bloques opositores e incluso algunos gobernadores del Frente de Todos.

Según el texto en cuestión, todas las medidas adoptadas en los lugares clasificados como de Medio, Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario, Alarma Epidemiológica y Sanitaria, y las disposiciones locales y focalizadas para partidos o departamentos de menos de 40.000 habitantes se revisarán a los 21 días de su puesta en vigencia.

Por otra parte, se faculta al jefe de Gabinete -se espera en el Senado a Santiago Cafiero, quien desde hace varios meses desapareció del Congreso y obvió dar informes de gestión en persona o a través de la vía online- a continuar con las excepciones relacionadas con el empleo público y el consecuente fomento de la virtualidad, así como la restricción nocturna y bloqueos en transporte público.

Ante un interbloque dormido de senadores de Juntos por el Cambio, los diputados aprovecharon la ocasión para criticar el proyecto. Por caso, el jefe opositor en la Cámara baja, Mario Negri (UCR), aseguró: “Los gobernadores no son delegados del Gobierno, como pretende decir el proyecto del Ejecutivo. La Constitución los faculta, los empodera, para velar por el cumplimiento de la Carta Magna. Sobre todo, y antes que nada, para hacer respetar la forma de gobierno del artículo 1 que es representativa, republicana y federal”.

Según Negri, “una vez más el Ejecutivo cree que el Congreso es una escribanía, que va a votar a libro cerrado lo que aquel proponga”, y agregó: “Las facultades que el Presidente pretende que se le deleguen son facultades legislativas. Corresponde al Poder Legislativo entonces determinar si se las delega y por cuanto tiempo lo hará. Somos una república y cada rama de la administración tiene sus funciones delimitadas. No corresponde que el Ejecutivo pretenda apropiarse de una de ellas”.

Con respecto a la duración de la ley, el legislador cordobés explicó: “El artículo cuarto del proyecto establece que la duración de la delegación de facultades será igual a la duración de la emergencia sanitaria. Pero, curiosamente, la duración de la emergencia sanitaria la viene definiendo el propio Ejecutivo por DNU. Así, la delegación de facultades no terminará hasta que el Ejecutivo no haya determinado la finalización de la emergencia sanitaria. Esto es completamente contrario del espíritu del artículo 76 de la Constitución nacional”.

Mientras Negri se puso a la cabeza de las críticas a la ley en cuestión junto a otros radicales, como Luis Petri, el titular del PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo, dedicó gran parte de la tarde de ayer a promocionar un premio legislativo que obtuvo por su tarea en el Congreso. Por la mañana sí participó de la mesa nacional del interbloque, donde se adelantó el alerta con respecto al texto que envió horas después el Ejecutivo.

En el Senado, la cómoda mayoría del cristinismo permitirá avanzar sin demasiados problemas en las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Salud. La primera de ellas es presidida por la ultra K María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe), recordada por los innumerables cambios que realizó en pleno recinto a la reforma judicial, hoy trabada en Diputados.

Se espera que en las próximas horas el Senado vuelva a sesionar tras un mes sin novedades. El pleno debe ratificar la renovación del protocolo virtual de trabajo y tiene una bandeja cargada de temas, como por ejemplo, el que pide que fondos extra del FMI no sean destinados a pagar créditos, sino a combatir la pandemia.