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Afecta a todos, desde este miércoles negro, pero más a quienes con alguna actuación pública hayan manifestado no estar de acuerdo con todo lo que disponga un gobierno, el actual o el que viniera, principalmente éste donde el Presidente, en sus expresiones que se difunden, invoca al «pueblo», como si éste lo formaran sólo los que lo votaron cuando, además, fue 40%. Basta para gobernar con legitimidad. No para hegemonizar.
Es una excepción quien en su vida no pase por un juzgado. No sólo por delitos o eventuales delitos relevantes sino por un conflicto de intereses con un socio, por herir a un ciclista, por una disputa con personal doméstico, por mover un billete falso sin saberlo, por un juicio laboral, por una inequidad impositiva. Muchas posibilidades.
No sólo uno piensa que menguaron sus derechos de igualdad ante la ley. También para los 88 legisladores que no votaron la reforma. También para las empresas y empresarios que no puedan sostener un precio acordado con el gobierno. Y para los periodistas de este diario. Y para los directivos y columnistas de «La Nación» y otros medios, aunque pocos. Por derivación, a cualquier periodista que haya discrepado. Igualmente para la durísima oradora Alejandra Oviedo que en pleno recinto de Diputados fustigó duramente la finalmente aprobada «reforma» que bien podría ser «estertor» de la independencia de la Justicia en la Argentina.
¿Qué sucederá con una institución civil como el club Boca, vinculado a un no votante de la reforma como Mauricio Macri, que tendrá necesariamente que dirimir en la Justicia el intento municipal de abrirle innecesariamente una calle que partiría en dos sus instalaciones deportivas? Y cómo le puede ir frente a un estrado judicial a la señora María Pando de Mercado, esposa de un teniente militar hoy puesto en disponibilidad porque precisamente su mujer publicó en «La Nación» una carta crítica al gobierno. Y a los ex duhaldistas del grupo El General que negaron sumarse a los otrora opositores José María Díaz Bancalari y matrimonio Barrionuevo que votaron sí por esta pérdida de independencia del Poder Judicial. Y a organizaciones y dirigentes de Poder Ciudadano, Instituto de Estudios Comparados y otros organismos no gubernamentales, que hicieron un último intento desesperado de evitar la sanción de este proyecto rodeando el edificio del Congreso.
¿Alguien puede suponer que estarán en igualdad de condiciones frente a jueces supervisados por el gobierno el diputado Francisco de Narváez, que votó en contra, y Carlos Ruckauf que les anunció a todos los magistrados, con su voto a favor, que pasó a ser «neokirchnerista» y entonces goza de privilegios? El gran desfalco del duhaldismo, con Carlos Ruckauf a la cabeza como gobernador, contra el Banco Provincia de Buenos Aires ¿ algún juez lo reactivará? ¿Puede tener mínima chance de asumir como legislador Luis Patti si su reclamo es, precisamente, ante jueces arrinconados por la «reforma»? ¿Quién de los 9 conjueces -falta designar uno- se atrevería a reponer en la Corte Suprema a Antonio Boggiano si el gobierno dispuso sacarlo pero aún resiste? A Tomás Inda, que había votado a favor de Boggiano, le crearon un imprevisto juicio político. Y otro que votó igual, Mario Lazana, imprevistamente renunció.
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