El Congreso quedará preso nuevamente esta semana del reclamo por incrementos salariales que viene llevando a cabo la Asociación de Personal Legislativo y la Asociación de Trabajadores del Estado. Los empleados legislativos reclaman un plus de $ 150 más un aumento de 25% sobre el salario básico, retroactivo a junio, y en esa pelea vienen saboteando todo intento de sesionar en el recinto o incluso en comisiones.
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En medio de ese conflicto apareció la interna del peronismo por el control del bloque, que terminó con la licencia de José María Díaz Bancalari y su reemplazo por un cuarteto kirchnerista integrado por Jorge Argüello, Osvaldo Nemirovsci, Carlos Caserio y Juan Manuel Urtubey. Ese cambio fue aprovechado por Eduardo Camaño -quien comandó la resistencia duhaldista- para tirarles a los nuevos conductores la solución del problema salarial. Camaño y Daniel Scioli ya habían acordado con Norberto Di Próspero -secretario general de APL- el incremento salarial, pero siempre quedó pendiente de una negociación con el gobierno para que ampliara en $ 25 millones el presupuesto del Congreso mediante una resolución administrativa en uso de los superpoderes presupuestarios que el propio Parlamento le otorgó. El radicalismo propuso directamente retomar esos poderes y votar el aumento en una ley que redistribuya partidas.
Sea cual fuere el camino que elijan, todavía está sin solución. Alberto Fernández dijo desde un principio que no tomaría una medida de ese tipo sin consultar a Roberto Lavagna. Lo sostuvo, incluso, el miércoles pasado cuando los gremialistas apuraron al santacruceño Eduardo Arnold -vice de Diputados- y lo obligaron a llamar al jefe de Gabinete. Y ni cuando el nuevo cuarteto kirchnerista visitó la Casa Rosada pudo irse con una solución.
• Peligro
En ese estado, si se repiten las escenas de violencia como la toma del recinto de sesiones el miércoles pasado y el desalojo compulsivo de diputados y empleados de las reuniones de comisión, esta semana será difícil que puedan sesionar ni Diputados, ni el Senado. Pertenecen también a ese anecdotario las fotos de Di Próspero con altavoz en mano paseándose entre las bancas en medio de banderas verdes que copaban los palcos o la comparsa de empleados en protesta que continuamente recorre los pasillos de los edificios del Congreso. Así las cosas, tampoco podría reunirse esta semana la comisión especial que debe analizar la remoción de Ricardo Branda como director del Banco Central que ya fue convocada por Scioli a pedido de Néstor Kirchner, ni la de Asuntos Constitucionales del Senado, donde Cristina Kirchner debe decidir la apertura a prueba en el tramo final del juicio político a Antonio Boggiano.
La nueva conducción de bloque peronista, de todas formas, está jugando su orgullo en la definición de este conflicto. Quiere garantizar que se sancione el proyecto para impulsar el desarrollo de la educación técnica, reclamado el mes pasado por Kirchner cuando se quejó públicamente de la vagancia del Congreso.
Al mismo tiempo que deben acercar posiciones para solucionar el conflicto del personal legislativo, deben iniciar el diálogo con el radicalismo, el ARI, los socialistas y resolver algunos roces internos con el duhaldismo para poder reanudar la tarea en Diputados que la campaña tiene parada desde hace dos meses. «Queremos trabajar en conjunto para derrotar los pronósticos que decían que no íbamos a poder sesionar por la campaña y aprobar los proyectos pendientes», dicen.
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