La iniciativa del Ministerio de Desregulación, denominado "de inviolabilidad de la propiedad privada", es el principal proyecto del temario, que incluye un acuerdo con fondos buitre.
El bloque libertario busca avanzar con proyectos impulsados por Casa Rosada.
El desplante de Patricia Bullrich a la decisión de Casa Rosada de retirar el pliego de la jueza Michelli puso en duda una sesión que el Gobierno necesitaba para retomar la iniciativa en el Congreso, mientras aún contiene a una serie de aliados para blindar una mayoría. Postergando el tratamiento de esa vacante judicial pero incluyendo otras, el oficialismo convocó a una sesión en el Senado desde las 11 horas de este jueves.
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El proyecto principal es el denominado "inviolabilidad de la propiedad privada", que flexibilizará la posibilidad de compra de tierras argentinas para ciudadanos extranjeros, restringe los alcances de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego y modifica el protocolo de expropiaciones. El oficialismo aceptó quitar algunos de sus apartados más controversiales: se preservará el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que continuará bajo administración federal.
Además se acordará un proyecto para el pago a dos fondos buitre por u$s171 millones. El primer intento se prologó dado que el fondo Attestor Value Master Fund LP informó a último momento que los bonos que habían comunicado -y se encontraban en el anexo del proyecto de ley- no eran los que intervenían en el litigio. Al existir ese error material de parte de los acreedores, se alcanzó una segunda prórroga hasta el 30 de junio para alcanzar una aprobación en ambas Cámaras que legitime el pago a los bonistas, en un acuerdo que incluye también al fondo Bainbridge Ltd.
La agenda de la sesión se vio afectada por los resquemores que provocó internamente y con aliados el intento de retirar el pliego de María Verónica Michelli. Aún así, se oficializaría una lista de 50 jueces para ocupar vacantes de los 73 pliegos que fueron dictaminados en el Senado.
En medio de la traba de discusión de pliegos, en dos semanas avanzaron proyectos para crear nuevos cargos judiciales en dos provincias: uno para la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán (impulso de las senadoras Mendoza y Ávila, que responden al gobernador Jaldo, y de Andrada, referenciado con la Gobernación de Catamarca) y uno de sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata (proyecto del senador radical Abad).