Con un cierre protagonizado por Estela de Carlotto y Taty Almeida, se desarrolló el VII Encuentro Federal de Derechos Humanos en la ex ESMA bajo el lema "Sin memoria, verdad y justicia no hay libertad", para debatir acerca de las distintas áreas de los derechos humanos donde actores gubernamentales y civiles pueden aplicar nuevas iniciativas.
"Sin memoria, verdad y justicia no hay libertad": terminó el Encuentro Federal de Derechos Humanos
Referentes de derechos humanos de todo el país se reunieron para pensar políticas contra el negacionismo.
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Luego del debate en comisiones, la charla de cierre fue iniciada por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien planteó que "el gran desafío que tenemos es que la sociedad sepa qué es lo que defienden los que se llaman ´libertarios´ y los que citan a la palabra libertad, que tanto tiene que ver con nuestra historia y con nuestra lucha, son los que defienden a los genocidas, que vinieron por esa libertad y la hicieron añicos".
El ministro del Interior, Wado de Pedro, también participó de la ceremonia y pidió "seguir trabajando y militando fuertemente en las nuevas generaciones para continuar esta lucha de Memoria, Verdad y Justicia que salió a la luz gracias a las convicciones de las Madres, de las Abuelas, de los Hijos y de toda una sociedad que decidió decirle Nunca Más a un golpe de Estado, a la tortura, al secuestro, a la falta de libertad".
Por su parte, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, se opuso a la teoría de los dos demonios: "Acá hubo un solo demonio que tiró vivas a nuestras queridas Madres, a las monjas francesas, a los 12 de la Santa Cruz y a nuestros hijos; esos demonios que desaparecieron a chicas embarazadas y arrebataron a sus hijos. Que quede bien claro: nosotros vamos todos a seguir resistiendo”.
La última oradora fue Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo , que destacó que “Argentina tiene un lugar en la historia de los derechos humanos única. De Latinoamérica es la que más ha luchado y sigue luchando contra el olvido y por justicia".
El encuentro contó con catorce comisiones de debate: Violencia institucional; Migrar es un derecho; Archivos y Espacios de Memoria; Afrodescendencias y derechos humanos; Comunicación, nuevas tecnologías y derechos humanos; Educación pública y participación estudiantil; Diversidades; Juicios de lesa humanidad; Pueblos originarios; Identidad; Derechos humanos y salud mental; Trabajo y derechos humanos; Discapacidad y derechos humanos; y Derechos humanos de las personas mayores.
¿Qué es ser negacionista en Argentina?
El negacionismo del terrorismo de Estado en Argentina consiste en el acto de negar los crímenes que se perpetraron en la dictadura cívico-militar que tuvo lugar en el país entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. El negacionismo alcanza la negación de la existencia de desaparecidos, justificar sus secuestros y asesinatos, concebir que existió una guerra simétrica o relativizar la cifra de 30.000, consensuada por una serie de actores desde la recuperación de la democracia.
En ese sentido, se habla de negacionismo para señalar los puntos de vista que antagonizan con los acuerdos alcanzados por la sociedad argentina desde 1983, con el regreso del modelo democrático, de considerar que los actos planificados y ejecutados por la dictadura cívico-militar constituyen crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles, deben ser juzgados y no pueden repetirse.
Entre ellos, se contemplan los delitos organizados por la Junta Militar, que incluyen: amenaza, extorsión, secuestro, tortura, privación ilegítima de la libertad, abuso sexual, apropiación de bebés, asesinato y secuestro de los cuerpos.
¿Qué leyes existen contra el negacionismo?
Existen tres proyectos que fueron presentados en la Cámara de Diputados para su tratamiento. Todos son de autoría de legisladores de Unión por la Patria: Eduardo Fernández, Estela Fernández y Carolina Moisés, que propusieron diferentes modalidades sancionatorias contra expresiones negacionistas divulgadas en medios de comunicación, con agravantes en caso de que sean realizadas por funcionarios públicos. Todas las propuestas -que en su paradigma se complementan- deben ser tratadas en la comisión de Legislación Penal, en manos de la oposición.
El primer proyecto fue ingresado en marzo del 2022 por la diputada nacional chubutense Estela Hernández, que propone condenar con prisión de dos meses a dos años a quienes incurran en el negacionismo de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, que sería incorporado como delito en el Código Penal.
En septiembre del 2022 el diputado cordobés Eduardo Fernández presentó una propuesta que tiene como objeto sancionar toda conducta pública de negación, apología o reivindicación respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad. En este caso, la pena mínima sería de tres meses de prisión y la "destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años" en caso de funcionarios públicos.
El último proyecto fue realizado por la diputada nacional jujeña Carolina Moisés, que planteó sanciones contra "el negacionismo y la apología respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad". Además, prevé "inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena" y la obligatoriedad de una formación en derechos humanos para habilitar a que un funcionario sancionado ocupe nuevamente un puesto.
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