El ex presidente Eduardo Duhalde resultó sobreseído en una causa en la que había sido denunciado por "propiciar la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado Argentino".
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La medida fue dictada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi al desestimar una denuncia presentada por un ex policía acusado por la privación ilegal de la libertad del joven Walter Bulacio, quien terminó asesinado tras un recital de la banda Los Redonditos de Ricota en 1991.
Se trata del ex comisario Miguel Ángel Espósito, quien en abril pasado denunció Duhalde, al ex secretario de Derechos Humanos Oscar Fappiano; a la ex funcionaria del Ministerio de Justicia Andrea Gualde y "los firmantes del acta acuerdo del 26 de febrero de 2003", por la que el Estado Argentino reconoció su responsabilidad en la "Causa Bulacio".
El denunciante había recordado que tal cual señala la Ley 14.034, "será reprimido con prisión de cinco a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el argentino que por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado Argentino".
El 26 de febrero de 2003, nuestro país reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad en el "Caso Bulacio".
Ello -según Espósito- dio lugar a "la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado Argentino el 18 de septiembre de 2003 a sanciones políticas y económicas".
Al analizar la denuncia, el juez Martínez de Giorgi entendió que no existió delito alguno por parte de Duhalde y demás denunciados, ante lo cual dictó el sobreseimiento de los mismos.
