El ex presidente Fernando De la Rúa fue sobreseído en la causa por las muertes ocurridas el 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando hubo al menos cinco víctimas fatales a raíz de la represión policial que precedió a la caída de su Gobierno.
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La decisión fue adoptada por el juez federal Claudio Bonadío, aunque el fiscal federal Luis Comparatore apelará en las próximas horas el sobreseimiento, según las fuentes.
El juez Bonadío también dispuso el sobreseimiento de los ex policías Alfredo Salmone, Prospero Trezeguet, Daniel Mancini, René Derecho y Osvaldo Canizzaro.
El ex presidente estaba procesado en esta causa como responsable de cinco "homicidios imprudentes" y al menos 117 casos de "lesiones culposas".
En abril del año pasado, la Sala II de la Cámara Federal había revocado el procesamiento que en su momento le dictó Bonadío al considerar que el magistrado no profundizó en la investigación.
Para los jueces no había pruebas para acusar penalmente a De la Rúa por la muerte de los manifestantes Diego Lamagna, Carlos Almirón, Marcelo Riva y Gustavo Benedetto.
"No se ha avanzado (en la causa) en sentido incriminatorio hacia De la Rúa en todo este tiempo", durante el cual "sólo una medida de prueba ha sido practicada", dijeron los camaristas.
Es por ello que sostuvieron que "no resulta posible convalidar un procesamiento cuando no se ha modificado ni mínimamente el cuadro probatorio que existía cuando se resolvió que no hay suficiente mérito".
Concretamente, los camaristas le cuestionaron al juez de primera instancia no haber profundizado sobre la presunta reunión en la residencia de Olivos entre el primer mandatario y distintos funcionarios "en la que se habría tomado la decisión de reprimir las manifestaciones".
"Esta era la línea de investigación que se imponía profundizar para determinar responsabilidades exclusivamente de índole penal, y esa tarea nunca se encaró", le había reprochado la Cámara.
De esta manera, el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, entre otros, son los únicos que irían a juicio oral y público por el hecho.
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