La revelación de que Juan José Alvarez fue empleado de la SIDE durante la última dictadura militar reavivó el fantasma de Luis Patti, quien fue privado de su banca pese a no tener ninguna condena en contra por delitos de lesa humanidad. También muchos diputados recordaban ayer el caso de Angel Luque, expulsado del cuerpo por sus pares acusado de inhabilidad moral. El catamarqueño había dicho que si hubiese querido hacer desaparecer el cuerpo -de María Soledad Morales- lo podría haber hecho.
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Sin embargo, kirchneristas, neokirchneristas y hasta legisladores opositores coincidieron ayer en que no hay una causa suficiente para impulsar el desafuero de Alvarez. El presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, el oficialista tucumano Gerónimo Vargas Aignasse -hijo de un desaparecido- opinó que si bien su condición de ex agente de la SIDE durante el Proceso justifica un reproche político y hasta ético, no alcanzaría para desplazar al peronista disidente de su banca. «Lo más grave no es que haya ocupado ese puesto sino que lo haya ocultado hasta hoy, porque implica viciar la voluntad de los electores que los votaron desconociendo ese aspecto de su pasado. Sin embargo, por el momento no se comprobó que haya participado en un delito o en desapariciones.» Sin embargo, el criterio que expuso Vargas Aignasse es diametralmente opuesto al que él mismo sostuvo durante la impugnación del diploma de Patti, al avalar que el ex comisario no asumiera su cargo pese a no tener antecedentes penales.
Para bloquear el ingreso de Patti a la Cámarabaja se refirió a varios artículos de la Constitución nacional, entre ellos el 64 que establece: «Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez». Y el 16: «Todos los habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad». Justamente para que el líder del PAUFE no ingresara al recinto, se lo acusó de «inhabilidad» moral.
Según la kirchnerista Diana Conti, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se trata de casos «excepcionalísimos» que no dependen de dónde haya trabajado un diputado durante la dictadura. Para la legisladora, en el caso Patti había suficientes testigos y procesos judiciales que comprometían a éste, algo que no se repite en el caso del diputado lavagnista. Jorge Landau, del neokirchnerista Peronismo Federal, también coincidió en que el caso de Alvarez es reprochable políticamente pero no alcanza a constituir una causal de desplazamiento de la Cámara.
Para ilustrar sus posturas, varios legisladores del oficialismo que pidieron anonimato, citaron el caso de la jefa del ARI. «Elisa Carrió fue fiscal en Chaco durante la última dictadura y sin embargo a nadie se le ocurre impugnarle el diploma o pedir su desplazamiento».
La diputada del ARI repudió la maniobra mediática orquestada en torno a Alvarez: «No comparto la filosofía de los gobiernos que usan las informaciones del Servicio de Inteligencia del Estado para ensuciar a la clase dirigente», enfatizó Carrió.
Sin embargo, el diputado kirchnerista Remo Carlotto calificó como un hecho «grave» el pasado de Juan José Alvarez en la SIDE y consideró que la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia podría solicitar información acerca del nivel de participación que tuvo el legislador en ese organismo. Ayer, Alvarez también evaluaba plantear una cuestión de privilegio en la sesión de hoy para que la Comisión de Asuntos Constitucionales investigue cuál fue su rol dentro de la SIDE.
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