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Parrilli destacó que la nueva ley de inteligencia "establece cuáles son las circunstancias que atentan contra la seguridad de un país" y enumeró que son las que tienen que ver con "terrorismo internacional, tráfico de armas, trata de personas, narcotráfico, delitos económicos y financieros".
Precisó también que, a partir de la nueva normativa, se llevó a cabo la "transferencia al Ministerio Público Fiscal de la oficina de Observaciones Judiciales", dedicada a la intervención de comunicaciones telefónica, y que esa tarea "llevó cuatro meses".
Además, subrayó que la AFI apunta ahora a crear una "división específica de ciberseguridad", materia que, según dijo, "era una falencia que tenía el organismo" teniendo en cuenta que actualmente, a nivel mundial, se le presta más atención a la seguridad informática.
Por su parte, Mena destacó "la autolimitación de facultades propias del Poder Ejecutivo" al impulsar la nueva ley de inteligencia, en la que se establece que los responsables de esa área deben tener acuerdo del Senado y agregó: "Eso era impensable años atrás".
El único senador que pidió la palabra durante la audiencia fue Sanz, quien planteó sus dudas sobre la facultad que se le dio a la AFI de intervenir para evitar "desabastecimiento, golpes de mercado y corridas cambiarias".
El senador radical señaló que su partido no está en contra de prevenir esas situaciones dado que las padeció durante el gobierno de Raúl Alfonsín, pero aclaró: "Todo aquello que bajo la excusa de perseguir operaciones económicas esconda perseguir empresarios, políticos, jueces o fiscales, estaremos en contra".
Al término de la reunión, Sanz y su compañero de bloque Alfredo Martínez, así como el socialista Rubén Giustiniani, se retiraron sin firmar el dictamen para los pliegos de Parrilli y Mena, que sólo fueron aprobados por el oficialismo.
No obstante, el arco opositor decidirá antes de la sesión prevista para el 26 de agosto si acompaña la aprobación final de los pliegos.



