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La mayoría de los integrantes del bloque PJ fue clara: «En Diputados zafamos de casualidad porque Roggero reaccionó a tiempo. Ahora queremos que los gobernadores digan claramente: 'Queremos que el Senado derogue la ley insistiendo con la sanción original'. El costo político lo van a tener que pagar ellos», advirtieron.
• El Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto de ley que dejaba vigente sólo el artículo 6 de la ley de «subversión económica», con modificaciones, derogaba el resto de la ley y modificaba el artículo 300 del Código Penal.
• Después de discusiones y de redactar un dictamen con cambios, el peronismo terminó cambiando ese proyecto, de madrugada y durante la sesión por falta de número propio, por otro de autoría del tucumano de Fuerza Republicana Pablo Walter, y del renovador salteño Ricardo Gómez Diez, que disponía la derogación total de subversión económica.
• Ese proyecto sancionado llegó a Diputados, donde el PJ retomó el proyecto del Ejecutivo. Es decir, se derogan los suficientes artículos de la ley como para hacerla perder efectividad. Después de un par de semanas de fuertes debates, al recinto de Diputados llegó ese dictamen de mayoría del peronismo y otro de minoría elaborado por la radical bonaerense Margarita Stolbizer, que sólo aumenta las penas y deja completamente vigente la ley de «subversión económica». Es decir, todo lo contrario a lo exigido por el FMI.
• La noche del jueves el peronismo se dio cuenta de que entre los diputados de la tropa propia que votarían en contra, más los radicales que incumplieron el pacto cerrado con Duhalde -que exigía, como es costumbre, retirar del recinto a la hora de votar los suficientes votos negativos como para permitir una victoria del PJ-, el ARI y los partidos de izquierda, la votación estaba perdida.
• En ese momento decidieron impulsar el dictamen del radicalismo, pero asegurándose de que ganara sólo por mayoría simple, para permitir que el Senado insistiera con su sanción original, es decir, con el proyecto de Walter y Gómez Diez, y un grupo de provinciales. Prueba de esto es que en la primera ronda en Diputados derrota del PJ, votaron a favor del proyecto oficial 92 peronistas, dos cavallistas, un ucedeísta y cuatro frepasistas. En la segunda votación triunfo del radicalismo, votaron a favor del dictamen radical 45 peronistas, 50 radicales, 4 frepasistas y el resto de los aliados del PJ. Queda claro así que, no habiendo salido nadie del recinto, el PJ ordenó dividir su tropa para controlar el número. Lo curioso fue que en esa segunda vuelta, los representantes de la izquierda, quienes más habían atacado la derogación de la ley de «subversión económica», no estuvieron acompañando al ARI o al Frente para el Cambio en la negativa, sino que salieron del recinto. Así Luis Zamora o Patricia Walsh no aparecen registrados como presentes cuando una acción coordinada con la UCR les hubiera permitido acercarse a los dos tercios de los votos y así impedir que el Senado derogue completamente la norma cuando le llegue en revisión.
• El error clave que cometió el radicalismo -que se niega junto con la izquierda a derogar la ley de «subversión económica»- en su estrategia fue claramente explicado por la chaqueña Elisa Carrió: si en el momento de perder el dictamen del PJ, la UCR hubiera utilizado la mayoría que tenía en el recinto para pedir el retiro de tratamiento del dictamen de minoría, el daño al gobierno hubiera sido inmenso: por un año el Congreso no podría haber tratado el tema de la subversión económica en ninguna de sus variantes, tal como establecen los reglamentos.
• Por eso la victoria clara del peronismo en medio de su debilidad. Y consiguió allanar el camino al Senado para derogar simplemente la ley de «subversión económica».
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