El gobierno desembarcará mañana en el Congreso para apurar la sanción de «subversión económica», con una delegación encabezada por Alfredo Atanasof y Jorge Matzkin, a la cual se sumará Roberto Lavagna.
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El jefe de Gabinete y el ministro del Interior -además de limar asperezas con los justicialistas de la Cámara alta-serán los encargados de insistir en la Cámara baja con el proyecto de modificación de la Ley 20.840, consensuado entre Ejecutivo y legisladores, pero que los senadores cambiaron por uno de derogación de la figura de «subversión económica» ante una inesperada escasez de votos en la sesión del jueves a la madrugada.
Una vez que regrese a la cámara de origen, quedará ratificada la sanción de Diputados, ya que José Luis Gioja y compañía carecen de número para insistir con la anulación. Es probable que, para eludir conflictos, el gobierno designe un funcionario para que siga la convalidación de las leyes clave (Quiebras y «subversión económica») en los recintos, una práctica bastante usual que no fue tenida en cuenta por el duhaldismo y que generó reclamos desde el Senado, donde se lo señaló como un grave error.
Puede que las arengas de Atanasof y Matzkin en favor de la iniciativa sean sólo coreográficas, porque, para destrabar la votación, las diputadas María del Carmen Falbo (PJ) y Margarita Stolbizer (UCR) iniciarán hoy tratativas bilaterales para garantizar quórum y manos en alto para esta ley clave, incluida entre los 14 puntos de los gobernadores. Falbo y Stolbizer tratarán de acordar un texto común que facilite un dictamen de la comisión de Legislación Penal. Stolbizer, presidenta de esa dependencia parlamentaria, pretende incorporar la forma culposa al delito de vaciamiento, además del dolo ya contemplado en el proyecto oficial con la frase «fraudulentamente». La iniciativa del Ejecutivo era más difícil de probar, pues exigía que el delincuente cometiera el ilícito con discernimiento, intención y voluntad. Stolbizer pretende ampliar el espectro de castigos, con la obsesión en la supuesta amnistía a banqueros procesados por esta polémica figura. Mañana, a las 16, la legisladora storanista tiene previsto abrir la comisión para una ronda con académicos, que culminaría con un dictamen de Legislación Penal.
Un eventual acuerdo no evitará que haya un dictamen en minoría. El riojano Adrián Menem adelantó ayer a este diario que, aun contra la corriente, defenderá en Legislación Penal la derogación aprobada por el Senado la semana pasada. La actitud del legislador riojano será representativa del resto de sus compañeros del peronismo de Anillaco, entre ellos, Alejandra Oviedo y Ricardo Quintela, también proclives a sostener el proyecto de los provinciales Ricardo Gómez Diez (Renovador-Salta) y Pablo Walter (Fuerza Republicana-Tucumán). Falbo, una de las juristas del duhaldismo, fue comisionada para parlamentar con su colega radical, después de un conciliábulo de Humberto Roggero con José María Díaz Bancalari, Eduardo Camaño y el cordobés Eduardo Di Cola. En esa reunión del viernes, Roggero clamó por la paz. «No hay que tensar más la cuerda y ser responsables», dijo en alusión al conflicto con senadores.
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