Suprema Corte restringe las domiciliarias y dicta fallo con varios mensajes políticos

Política

Sin revocar explícitamente habeas corpus colectivo, enfatizó errores en la decisión de Casación de alcance amplio y retrotrajo situación. Caso por caso bajo nuevos criterios de análisis (incluyen a los externados). Dardos a "la política" por cárceles.

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires terció en el conflicto por las prisiones domiciliarias otorgadas a detenidos en territorio bonaerense y falló respecto al “habeas corpus” dictado por la Cámara de Casación. Tal como había anticipado Ámbito Financiero el 6 de mayo, y por unanimidad, el máximo tribunal “reencauzó” la medida dictada por Víctor Violini y en la práctica limitó y acotó sus efectos, estableciendo criterios más restrictivos para su otorgamiento que deberá ser analizado caso por caso por los jueces correspondientes y no de manera colectiva.

Así, resolvió de manera salomónica haciendo lugar parcialmente al planteo por “inaplicabilidad de la ley” que había interpuesto el Ministerio Público Fiscal. No negó la superpoblación y hacinamiento de las cárceles y la contingencia grave que genera el coronavirus ante un posible foco infeccioso en los grupos de riesgo. Dio certeza a eso y a las recomendaciones de la OMS en cuanto a la necesidad de descomprimir a la población carcelaria.

¿Revocó la medida de Violini? La Suprema Corte solo revocó el considerando que lo establecía como doctrina de casos futuros para disponer a los tribunales el otorgamiento de prisiones domiciliarias pero cuestionó el formato de la sentencia que tramitó. Y sentenció que no podrían ser automáticos en base a una clasificación arbitraria. Pareció enviar una señal de tomar un camino alternativo, elevándose sobre la discusión pública que tuvo el tema. “Son los órganos judiciales competentes los que deben evaluar las peticiones deducidas de forma individual por los procesados o condenados, mediante un juicio debidamente motivado, teniendo en cuenta los derechos de las víctimas”, indicó el corazón del fallo firmado por Daniel Soria, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Eduardo de Lázzari y Sergio Torres. Además, consideró como carente de basamento legal la “mera revisión clasificatoria de delitos leves y graves para poder otorgar tales medidas, además de entender que el fin inmediato y masivo que se persigue altera el actuar de los jueces competentes”. Fue una desautorización a los términos de la definición de Violini. Sin rechazarlo en lo formal, desactivó la polémica y atomizó las futuras morigeraciones de prisión.

En su resolución, la Corte también dispuso cómo evaluar las domiciliarias ya otorgadas durante la vigencia del habeas corpus: “Las morigeraciones de la coerción impugnadas y ejecutadas deberán ser evaluadas con celeridad por el órgano judicial competente, dando intervención a las víctimas”, se indicó. La Suprema Corte puso de relieve la crisis carcelaria multi causal y tuvo un apartado de auto defensa a la actuación de los magistrados, responsabilizando a los “parches” de la política en materia de legislación punitiva que han tenido como resultado la suba exponencial de la población encarcelada. La enumeración que hicieron de las leyes fue un cachetazo al diseño legislativo en materia penal. Resaltaron también que falta plata.

Respecto del habeas corpus, los jueces analizaron que un pronunciamiento colectivo debía haber evaluado a un grupo en condiciones homogéneas. Le endilgaron haber sido poco preciso y que “carecía de una condición suficiente” como para haberse convertido en un habeas corpus. Se reemplazó el criterio de los jueces por una clasificación “arbitraria” de los delitos. El tribunal hizo un comparativo con otros países donde hubo una solución “política” de conmutaciones e indultos, para diferenciar lo que ocurrió en la Argentina donde es el Poder Judicial el que conserva el rol respecto a la situación de cada detenido bajo su mando. Por eso, resalta, la necesidad del análisis caso por caso para que no queden encapsulados en categorías de “grave” o “leve”. El sopapo alcanzó también a la Legislatura que no adhirió a la Ley de Víctimas.

Hubo un apartado que lo recordó. Entre las pautas que la Suprema Corte fijó se encuentra el tipo de delito cometido, las condiciones personales del detenido, su participación en el hecho, cómo se afectó a las víctimas, el nivel de organización que tuvo el hecho, la pena en expectativa o la condena efectiva, los riesgos procesales, la situación de la víctima (y la eventual proximidad con el domicilio de su victimario, algo que resultó escandaloso en un caso), y la posibilidad de que haya posibilidad de aislamiento y tratamiento dentro de los mismos penales de los grupos de riesgo. Sin cerrar la puerta, la decisión de la Suprema Corte acotó al máximo las chances de las domiciliarias y en lo simbólico le arrebató el calificativo de “masivas”, dando lugar a un modelo casuístico, más parecido al que se adoptó a nivel federal.

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