La oposición ya da por perdida la batalla contra el proyecto de ley que dotará de mayores poderes en el manejo presupuestario a Alberto Fernández y por eso ya está trabajando en el escenario posterior a la votación legislativa del 2 de agosto. Tanto la Unión Cívica Radical como el PRO impugnarán judicialmente la modificación del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, por considerarla inconstitucional.
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El jefe de los senadores radicales, Ernesto Sanz, y el diputado Mario Negri serán los encargados de reunirse con el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra para que el experto defina cuál será la vía judicial más idónea para bloquear esta reforma legislativa. Es que la omnipotencia parlamentaria del oficialismo parece haber trasladado el debate político a los tribunales, como ocurre actualmente con la reestructuración del Consejo de la Magistratura.
Para concretar la reforma -que habilitará al jefe de gabinete a alterar el destino de partidas presupuestarias sin aval del Congreso-, al Frente para la Victoria le bastará con reunir mayoría simple. Aunque es sabido que un puñado de entre 5 y 10 diputados kirchneristas -encabezador por Rafael Bielsa- no apoyará la iniciativa, al oficialismo le sobrarán los votos. Cuenta con el apoyo de sus aliados neokirchneristas del Peronismo Federal, quienes comandados por José María Díaz Bancalari, podrían aportar una oxigenante veintena de votos. Eso sin contar a los cordobeses del Partido Nuevo de Luis Juez y a los radicales díscolos.
El macrista Jorge Vanossi explicó ayer a este diario que aunque su partido va a participar en todas aquellas acciones tendientes a defender los principios republicanos, en el ordenamiento jurídico argentino no existen acciones directas de inconstitucionalidad. «Las alternativas que veo en este momento para determinar la validez de esa norma modificadaserían una acción declarativa de certeza que está prevista en el Código Procesalo una acción de amparo -artículo 43 de la Constitución nacional-. Pero de todas formas debemos esperar a la aplicación de la nueva norma», ilustró Vanossi. La Ley de Administración Financiera 24.156 que el oficialismo, a pedido del Poder Ejecutivo, quiere modificar reserva al Congreso las decisiones que afecten no sólo el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento, sino también los cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras y, asimismo, los que impliquen un cambio en la distribución de las finalidades o destinos de las partidas.
«En caso de prosperar tal pretensión, el jefe de Gabinete quedaría investido de potestades que rozan la fulminante prohibición que establece el artículo 29 de la Constitución nacional, cuando prohíbe al Congreso y a las Legislaturas la concesión de facultades extraordinarias que traigan aparejada una peligrosa concentración de la suma del poder público», advirtió el legislador macrista. Y agregó: «Con lo que propone esta iniciativa del Poder Ejecutivo, podríamos arribar a la conclusión de que la 'ley de leyes' -como comúnmente se denomina a la Ley de Presupuestopodría quedar reducida a tan sólo dos artículos: uno, por el cual se estimarían los recursos previstos para el año; y otro, que alegremente dijera: «¡Hagan lo que quieran con esos recursos!».
Ayer, el titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, volvió a defender la reforma a la Ley de Administración Financiera que, tras su aprobación en el Senado, será tratada la semana próxima por la Cámara baja. «Es un instrumento de la política soberana que lleva adelante el gobierno», explicóel santafesino. De esta forma, y a través de un comunicado, Rossi salió a ratificar la postura del bloque oficialista ante versiones periodísticas que indicaban que un grupo de legisladores de esa bancada habría puesto « reparos» para votar a favor de la norma, que ya cuenta con media sanción del Senado.
Al ratificar la postura del bloque oficialista, Rossi destacó que «no se trata de superpoderes, sino de poderes lógicos que requiere un gobierno que se plantea transformar la realidad para ponerla en línea con los intereses de la gente, en cumplimiento de la ley y de las disposiciones constitucionales».
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