Terror por un día con 2 candidaturas

Expectativa por fallo de la Corte bonaerense: se expedirá hoy por la habilitación o no de Francisco de Narváez como aspirante a la gobernación. Por haber nacido en Colombia y ser hijo de extranjero, constitucionalmente no podría ser candidato. La negativa a la postulación de un opositor inquietó a la Casa Rosada. De Narváez (en acuerdo con Mauricio Macri) en verdad facilita el triunfo de Cristina de Kirchner, pues, al no llevar candidato a la presidencia, mejora el «voto positivo» de la primera dama. Esa misma inhibición alertaría sobre otro posible veto de la Corte: impugnaría a Daniel Scioli, quien nunca practicó el deber cívico en la provincia de Buenos Aires -exigido por la Constitución- y está bajo razonable sospecha el registro de su domicilio en Tigre. Hablaron ayer varios miembros del gobierno, demostraron que si se les cae Scioli, la victoria tan declamada no parece tan sencilla.

Francisco de Narváez, Mauricio Macri y su primo Jorge ayer en Lanús, donde el candidato a la gobernación bonaerense se mostró sorprendido por el pedido de impugnación a su candidatura, aunque avisó que hoy presentará una contestación.

La decisión, por mayoría de cinco sobre siete votos,de la Suprema Corte bonaerense de mutar su postura histórica de no revisar las resoluciones de la Junta Electoral desató una tempestad de sospechas y presunciones, nada sigilosas, sobre las razones que la motivaron.

Apenas, anteayer, trascendió que el máximo tribunal discutiría si aceptar o no un recurso extraordinario contra la habilitación de Francisco de Narváez, comenzó la usina de especulaciones para determinar por qué la Corte decidía, a días de la elección, esa pirueta.

A grandes rasgos, se perfilan tres interpretaciones:  

El protagonismo que en el último tiempo adquirió la Junta -desde que amaneció la pretensión de Felipe Solá de hacer una reinterpretación de la Constitución para pelear por un tercer mandato-habría generado la reacción de la Corte para no quedar relegada. Esa puja sorda remite a lo que ocurre, en el fuero federal, entre la jueza María Servini de Cubría y la Cámara Nacional Electoral. La influencia política que adquirió la Junta sería la razón de la embestida de la Corte para dejar claro que es este tribunal, y no el anterior, el que tiene la última palabra en materia electoral. Pero no todo es lineal: mientras cuatro de los jueces que fallaron por revisar lo actuado por la Junta --Hitters, De Lázzari, Pettigiani y Nattielo-sostuvieron que sólo la Corte puede ser alzada, Hilda Kohan sostuvo que podría serlo cualquier juez ordinario. Lo mismo sostienen, con matices, Daniel Soria y Héctor Negri, que, sin embargo, consideró que las resoluciones de la Junta son irrecurribles.

Una mirada menos perniciosa sugiere que el tribunal debía, tarde o temprano, aceptarrevisar lo resuelto por la Junta. ¿Motivos? No es correcto, ni si se quiere constitucional, que los dictámenes de un estrado judicial -en este caso electoral-no sean apelables ante ninguna instancia. El caso De Narváez, cuando recaló en la Corte nacional, sentó un precedente porque ese tribunal avisó que llegado el caso, si lo consideraba oportuno, podría intervenir en el tema. En fallos anteriores, los cortesanos bonaerenses hicieron algo parecido: resolvieron sistemáticamente que las actuaciones de la Junta eran irrecurribles, luego le agregaron el «en principio», que fue el paso previo a aceptar el caso De Narváez.  

La tercera hipótesis, elucubrada cerca de De Narváez, Daniel Scioli y en la Casa Rosada, se refiere a que se trató de un fallo político animado por el « omnipresente» Eduardo Duhalde. Responde a la tendencia a atribuirle al ex presidente cada supuesto complot. La relación de varios de los jueces que aceptaron tratar el tema con el ex gobernador alimenta esa sospecha. ¿Aceptará la Corte, o parte de sus cortesanos, ser funcional a una movida duhaldista para perjudicar a De Narváez, en teoría a favor de los candidatos de Lavagna, y como paso previo a «degollar» la postulación de Scioli? Todo es posible, pero la fascinación por el suicidio no es un hábito entre los magistrados, algunos de los cuales han sobrevivido a más tres gobernadores.