Empleados de carrera de Vialidad Nacional desvirtuaron acusaciones sobre irregularidades penales en la obra pública. Un auditor afirmó que muchas veces “cuestiones administrativas” terminaban convertidas en denuncias judiciales, y que los desajustes son normales en obras en ejecución.
Testigos de Vialidad Nacional pusieron en duda las acusaciones del juicio Cuadernos.
Lejos de aportar elementos contundentes contra los acusados, varios de los testigos convocados para hoy a la audiencia del juicio por el caso Cuadernos describieron procedimientos habituales dentro de Vialidad Nacional y realizaron afirmaciones que contrastaron con la hipótesis acusatoria.
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El primer testigo de la jornada fue César Neira, exencargado de las cocheras presidenciales durante parte de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Convocado por la fiscalía, su declaración tuvo escasa o nula incidencia en el juicio. Neira explicó que únicamente conoció personalmente a Cristina Kirchner cuando acompañó el traslado de Florencia Kirchner a la ciudad de Pinamar y aseguró que nunca tuvo relación ni conoció al chofer “arrepentido” Oscar Centeno, ni a Roberto Baratta, ni Julio De Vido, imputados en el caso. Incluso manifestó que desconocía por qué había sido citado a declarar. “No entiendo por qué me convocaron”, dijo al desconocer sobre la existencia del expediente.
Luego fue el turno de empleados y exfuncionarios de carrera de Vialidad Nacional, cuyos testimonios estuvieron atravesados por preguntas de las defensas destinadas a confrontar la declaración realizada el martes por el extitular del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel.
Uno de los testimonios más relevantes fue el del auditor interno del organismo Marcelo Bianchi. Consultado sobre supuestos sobreprecios en las obras públicas entre 2003 y 2015, respondió que “jamás” elaboró informes en ese sentido ni conoció dictámenes que concluyeran la existencia de esas maniobras. También negó haber detectado certificados de obra pagados por trabajos inexistentes.
“Nunca encontramos, con ese título, certificados pagados por obras no ejecutadas. A veces hay desvíos, pueden ser desajustes, es normal en una obra en ejecución”, sostuvo.
Otro de los aspectos señalados por la acusación refiere a los anticipos financieros otorgados a empresas constructoras. Sobre ese punto, Bianchi explicó que se trata de una herramienta prevista dentro de la administración pública y que su utilización depende de la política de cada gestión.
“¿Están prohibidos?”, le preguntó el abogado defensor Carlos Beraldi. “No”, respondió el auditor. El testigo recordó el clima que se vivía dentro de Vialidad durante el cambio de gobierno en 2015.
Según explicó, entre los trabajadores existía la percepción de que informes de auditoría que señalaban cuestiones administrativas terminaban derivando en denuncias penales. “Había una sensación de que se terminaban haciendo denuncias penales por cuestiones administrativas.”
Y agregó: “Un poco la sensación general de esa época era que cualquier informe podía ser susceptible de ser transformado en una denuncia penal, pero para nosotros, que conocíamos el organismo, eran cuestiones administrativas.”
En la misma línea declaró Darío Levy, ex empleado del área de Presupuesto de Vialidad Nacional. Explicó que el circuito de pago de certificados estaba dividido entre distintas áreas y que la verificación del avance de las obras correspondía a los inspectores.
También señaló que durante su paso por el organismo no advirtió un trato preferencial hacia determinadas empresas al momento de autorizar pagos. Darío Levy estuvo bajo las órdenes del acusado ex funcionario Sergio Passacantando, gerente de Administración hasta la llegada del gobierno de Mauricio Macri.
Levy dijo al Tribunal que no recuerda haber tenido problemas relacionados con el plan de obras en ese período ni con el conjunto de obras bajo su órbita. Más tarde declaró Osvaldo Modarelli, quien trabajó en Vialidad desde la década de 1970 hasta su jubilación en 2015.
Consultado por el Tribunal sobre si tenía algún aporte concreto para la causa Cuadernos, respondió que únicamente conocía el caso por las noticias publicadas en los medios.
La audiencia concluyó con la declaración de Cristian Hermácora sobre el circuito administrativo de los certificados de obra. Tras escuchar a todos los testigos previstos para la jornada, el Tribunal Oral Federal N° 7 dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes.