Cristina de Kirchner autorizó el derribo de aeronaves no identificadas o furtivas que pusieran en peligro o amenazaran el predio donde se celebraron las deliberaciones de los jefes de Estado del Mercosur. El país no cuenta con una norma, de allí que en las deliberaciones de los especialistas se evaluó que el derribo de un avión civil sólo podría ordenarse si, con los datos disponibles, se llegase a la conclusión de que se está ante un «ataque inminente» y no evitable por otros medios. Eso supone una apreciación y una decisión de alto contenido político.
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El Decreto Nº 1.052/08 se dio a conocer ayer en el Boletín Oficial Nº 31.437 y es la segunda oportunidad en que la administración Kirchner -antes lo había hecho su marido Néstor para la Cumbre de las Américas-resuelve por decreto atacar y derribar aeronaves no identificadas que constituyan amenazas a los mandatarioso a las instalaciones donde éstos sesionen.
Entró en vigor el 29 de junio y caducó ayer tras la clausura de la cumbre y con la partida del último avión presidencial del aeropuerto Teniente Benjamín Matienzo. En rigor, las instrucciones a la Fuerza Aérea para el derribo de aeronaves en Tucumán no son públicas. Están resguardadas por el «secreto militar» en el anexo 1 del Decreto Nº 1.052 y forman parte de una lista de procedimientos estrictos que debe cumplir la autoridad política que lo ordene, denominados Reglas de Empeñamiento. Como último recurso, si hubieren fallado todas las medidas para impedir que un avión renegado penetrase la zona de seguridad o no aceptara la rectificación del rumbo se preveía la posibilidad de ordenar su derribo. Esta misión se asignó al brigadier Carlos Perona, quien fue designado comandante del sector de Defensa Aeroespacial.
Los movimientos aéreos durante la cumbre se monitorearon desde el búnker del Grupo de Vigilancia Aérea, una instalación subterránea construida por los británicos para la Fuerza Aérea en la década del sesenta, que está ubicada en Merlo, provincia de Buenos Aires, y se modernizó según parámetros actuales de comando, control e inteligencia electrónica. Dada la trascendencia de la decisión, se trató de buscar también un responsable político de alto nivel que estuviera inmediatamente disponible en caso necesario, cuando habría que decidir en muy pocos minutos. Esa responsabilidad habría recaído -no quedó escrito en ningún documento-en el secretario de Asuntos Militares, Germán Montenegro. El Ministerio de Defensa fue el organismo asesor que dio letra y contenido a la planificación.
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