Un juez mendocino generó confusión en una causa contra Isabel Perón, Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf

Un pedido de informes realizado por la Justicia que involucra a la ex presidenta María Estela Martínez, viuda del general Juan Perón, en la desaparición de una persona, conmocionó a los círculos políticos locales.

El revuelo se generó después de que un diario de Mendoza publicara que un juez de ese distrito había ordenado la detención de Martínez, que gobernó entre 1974 y 1976, y de otros seis ex ministros de esa administración, lo que fue desmentido por el Ejecutivo mendocino.

Según el periódico, el magistrado había pedido la detención de estos funcionarios por la firma de tres decretos, firmados por el gabinete nacional en 1975, que habilitaron a las Fuerzas Armadas a "aniquilar el accionar de los elementos subversivos", lo que "los implicaría directamente en acciones de terrorismo de Estado" y en "la desaparición de al menos una persona" en esa provincia.

Sin embargo, el ministro de Gobierno de Mendoza, Sergio Marinelli, desmintió el pedido de captura e indicó que el juez elevó a la administración central "un pedido de informes" en el que pide la identificación de los funcionarios del gobierno justicialista (peronista) que firmaron estos decretos.

Marinelli llamó a una rueda de prensa para hacer el desmentido y aseguró que colaborará con la justicia provincial, que investiga la desaparición de Héctor Aldo Fagetti Gallego, en octubre de 1975.

Este pedido de informes también involucra al entonces ministro de Trabajo y actual diputado, Carlos Ruckauf; al ex ministro de Economía Antonio Cafiero; al ex canciller Manuel Arauz Castex; al ex ministro de Defensa Tomás Vottero; al ex titular de Bienestar Social Carlos Emery; y al entonces ministro del Interior Angel Federico Robledo, ya fallecido.

La desaparición de Fagetti Gallego se produjo durante la etapa previa a la última dictadura militar argentina, que se prolongó entre 1976 y 1983, y según cifras oficiales dejó el resultado de 18.000 desaparecidos, cifra que los organismos de derechos humanos elevan a 30.000.

Según puntualizó el medio, también se responsabiliza a la ex presidenta y sus antiguos colaboradores por la detención de menores que fueron enviados a la Penitenciaría provincial pese a que la legislación lo prohibía.

El juez pidió datos que involucran al gobierno de María Estela Martínez de Perón, a quien sucedió en la jefatura del estado a su muerte, en julio de 1974, en lo que se considera como "el paso previo a la orden de detención" de los menores, según fuentes judiciales consultadas por el periódico.

Apuntó que los tres decretos firmados por la ex presidenta en 1975 constituyeron un Consejo de Seguridad Interna y facultaron a los gobiernos provinciales a suscribir convenios que colocaban "bajo su control operacional" al personal y a los medios policiales y penitenciarios provinciales "para su empleo inmediato en la lucha contra la subversión".

También facultaron a las Fuerzas Armadas a "proceder a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país".

En declaraciones radiales, Ruckauf afirmó que el gobierno de Martínez, derrocado en marzo de 1976, fue "víctima, no cómplice" del régimen militar que la sucedió.

Por su parte, Antonio Cafiero se preguntó "qué tienen que ver" los funcionarios involucrados "con la desaparición de personas".

"Esperemos tener alguna noticia más comprobable. Son los gajes del oficio, a nosotros (los militares) nos metieron presos igual que a todos (al derrocar el gobierno)", dijo Cafiero.