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El motor del conflicto vuelve a ser Hugo Moyano. El camionero ha hecho de la pelea contra la ley Flamarique la razón de su vida. La eligió como blanco cuando despuntó como el principal verdugo sindical de Fernando de la Rúa y se convenció de que ésa había sido una jugada maestra cuando su denuncia sobre la expresión «a los senadores los arreglamos con la Banelco» comenzó a verificarse en los hechos. Aun cuando, entre la picardía de Alberto Flamarique y la valija de Pontaquarto, haya habido una conexión más literaria que delictiva, Moyano se ufana de haber volteado un gobierno, como le dijo a Kirchner en el primer y único encontronazo que tuvieron, en los albores de la gestión actual, hablando precisamente de valijas y Senado.
Desde que Carlos Chacho Alvarez se eyectó de la vice-presidencia, el dirigente de los camioneros se propuso la derogación de la Ley 25.250 de reforma laboral. Lo alentó su inspirador intelectual, el abogado laboralista Héctor Recalde, quien le hizo notar, acaso exagerando, las amenazas que esa norma contenía para la organización sindical unificada. Es decir, el peligro que significaba para el unicato gremial la insinuación (no más que eso lo que consta en la ley) de una negociación colectiva descentralizada por regiones y la caída de las convenciones de 1975 gracias a la derogación del principio de ultraactividad de los convenios.
Cuando apareció Pontaquarto convertido en «valijero-suicida», Moyano vio llegar su hora de gloria. El ex secretario del Senado no había terminado de declarar delante de Norberto Oyarbide y el sindicalista ya pedía la derogación de la norma. El gobierno se subió rápidamente al camión, sin medir demasiado la jugada. Porque para Moyano, quien desconoce la noción de límite, el objetivo actual no es eliminar la «ley maldita». Se trata de derribar todas las innovaciones que en materia laboral se introdujeron en la década del noventa, llamada por su preceptor Recalde «la tercera década infame» en un libro de reciente aparición. Más claramente, el sueño del impetuoso camionero no es terminar con una ley sino configurar un nuevo orden legal para las relaciones del trabajo, mucho más parecido al que regía en los años '50 que al del fin de siglo.
Moyano les hizo saber a los funcionarios cuáles son sus gustos en materia de leyes. En principio, pretende reponer como único marco regulatorio de las convenciones colectivas la Ley 14.250, de 1953, en la que se fijan las pautas más rígidas y centralizadas para toda transacción entre sindicatos y cámaras patronales. Además, el gremialista aspira a dar de baja todas las modalidades de contratación flexible incorporadas en la ley de empleo y las sucesivas reformas laborales de los últimos años (contratos por tiempo determinado, de formación, etcétera). También hay un capítulo sobre despidos, que se vuelve más «protectivo» del trabajador, por más que condene a los desocupados a mantenerse en la marginalidad de por vida.
Tomada y el «alma mater» del Ministerio de Trabajo en materia de derecho laboral, la secretaria Noemí Rial, ya advirtieron la incomodidad de los reclamos de Moyano. Ellos, sobre todo la doctora Rial, tuvieron participación en la elaboración de algunas normas principales de los '90, de esas que quiere derogar el camionero. Pero lo que más los inquieta es otro aspecto de la discusión: en medio de una negociación áspera con el Fondo Monetario Internacional, el verano de 2004 es el peor momento para introducir la variable laboral como objeto de debate. Sobre todo porque la normativa que impugnan Moyano/Recalde ha sido el resultado de acuerdos anteriores con ese organismo, que siempre puso el foco en el mercado laboral para recomendar reformas estructurales.
La estrategia que comenzaron a balbucear estos funcionarios, mientras Roberto Lavagna guarda un sospechoso silencio, consiste en derivar más allá de marzo el tratamiento de cualquier iniciativa legislativa. Además, Tomada aspira a multiplicar los interlocutores: finalmente, como en el caso de De la Rúa y Flamarique, serán los «gordos» de la CGT tradicional los que terminen convalidando una modificación aceptable en la arquitectura que Moyano quiere volver a cero. Fueron ellos (Rodolfo Daer, Carlos West Ocampo, Oscar Lescano y Armando Cavalieri) los que pactaron con la administración radical la ley ahora cuestionada, convertida en un híbrido a partir de ese acuerdo.
Condicionado por el Fondo y desafiado por el desenfreno de Moyano, Kirchner tampoco cuenta con operadores prudentes en el Congreso. Allí, el primero que abrió la boca fue el presidente del bloque de diputados, José María Díaz Bancalari, quien recomendó revisar todo el derecho laboral argentino. Díaz Bancalari, además de obedecer a sus orígenes metalúrgicos, abreva en las ideas de Saúl Ubaldini, estrella gremial de su bancada. Así y todo, el cuadro no está completo. El gobierno todavía no advierte la presencia de otro actor que se relame con esta dificultad, Eduardo Duhalde, quien cree haber encontrado por primera vez una encrucijada real a partir de la cual negociar con Kirchner.
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