Violación

María Isabel Zapatero de Ruckauf, actual vicepresidenta de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, enfrenta un serio problema ante el Consejo de la Magistratura. La mujer del gobernador de la provincia de Buenos Aires está a punto de ser sometida a juicio político por haber violado (presuntamente) las disposiciones que reglan la actividad de los jueces nacionales. Por ejemplo: la determinante prohibición de ejercer cargos o actividad política cuando se encuentren en plena función de magistrados.

Zapatero de Ruckauf fue denunciada por los diputados provinciales Silvia Zubillaga y Pedro José Azcoiti de haber firmado una carta de «neto corte propagandístico» de la acción del gobierno bonaerense al entregar guardapolvos a los alumnos de las escuelas públicas de esa provincia. Según los legisladores, la misiva se distribuyó tres meses después de que la esposa del gobernador reasumiera sus funciones en el Poder Judicial después de haber renunciado a su cargo, en diciembre del año pasado, de presidenta honoraria del Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires.

Al presentar el pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura, Zubillaga y Azcoiti acusaron a Zapatero de Ruckauf de haber cometido «una expresa violación de lo dispuesto por el Reglamento de Organización de la Justicia Nacional (Decreto-Ley 1.285/ 58) que expresamente dispone en su artículo 9no la incompatibilidad de la magistratura judicial con toda actividad política y prohíbe a los jueces realizar cualquier acto que comprometa la dignidad del cargo».

También agregan que «la independencia del Poder Judicial es uno de los requisitos básicos de nuestro sistema republicano de gobierno, y supone, en esencia, el no sometimiento a los dictados del poder político o económico, la libertad de criterio para resolver los conflictos, en aras de la paz social, sin ataduras ni limitaciones de ningún tipo y sin otro compromiso que con su conciencia y las normas fundamentales».

El pedido contra la jueza será analizado, ahora, por la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que resolverá si el caso es pasible de juicio político.