Consecuencias de la contrarreforma laboral de Duhalde

El gobierno nacional está dando los pasos hacia una mayor intervención del Estado en las relaciones laborales del sector privado. Se actuó hasta ahora en tres frentes: restringir despidos, aumentar fuertemente los impuestos al trabajo y volver a centralizar la negociación colectiva. Estas decisiones aumentan la «cuña salarial» (la diferencia entre el costo laboral y el ingreso neto del trabajador), reducen el espacio de libertad para contratar entre privados, y preparan el camino de la indexación. En general podemos esperar que estas medidas impulsen un aumento de la evasión tributaria, menor protección para los trabajadores, caída del ingreso neto y menor nivel de empleo.

El «miedo al despido»

La ley de emergencia económica (25.561) duplicó los costos de despido por 6 meses. Nadie duda que esos seis son sólo los primeros de una situación de «emergencia» que podría prorrogarse 6 años o más, como ocurrió con tantos otros impuestos y subsidios «transitorios» en la Argentina. Después de todo, el Impuesto a las Ganancias lleva más de medio siglo de «emergencia», así como también fueron transitorios los «estatutos profesionales» dictados en la segunda mitad de la década de 1940.

Al duplicar el costo del despido, la Argentina adopta el estatuto laboral más caro que se conoce en Occidente (España incluida), pues no sólo deben abonarse 2 meses por año de servicio sino que no hay límite por la antigüedad. Otros dos decretos (264 y 265) trataron luego de cerrar las puertas a cualquier forma de elusión de esta norma. En particular, se han restringido fuertemente los despidos sin causa (deben ir a procedimiento de crisis), y por otro lado se otorga un rol más discrecional al Ministerio de Trabajo para encarar estos procesos de crisis.

En suma, las medidas apuntan a hacer todo lo posible para prohibir despidos, pero sin llegar a decirlo en forma explícita. Por supuesto una forma de eludir esta prohibición será la de contratar en negro, más allá de las penalidades que con ello se asocian.

La protección sindical

El Senado está evaluando derogar la ley de empleo sancionada en el año 2000. Ello sigue a la decisión de Trabajo de suspender las rondas de negociación para tratar la caída de la ultraactividad de los convenios colectivos. La idea de que los acuerdos que firman los sindicatos centrales y las cámaras empresarias son los que mejor «protegen» a los asalariados y a las empresas, equivale a suprimir la libertad de negociación entre partes. Más allá de la componente autoritaria de esta decisión, con el tiempo este sistema llevará a discutir «políticas de ingresos». Precios y salarios serán determinados entonces por la autoridad central, que arbitrará entre unos y otros. Este escenario impulsa además el cierre de la economía, pues le da mayor autonomía a dicha política de ingresos y a la corrupción asociada.

Impuestos laborales

Por diversos instrumentos, incluyendo decisiones que datan de diciembre pasado y las más recientes del presupuesto 2002, se están aumentando las cargas patronales en promedio unos 8 puntos porcentuales (en el margen se establecen incrementos que superan los 28 puntos). Los mecanismos utilizados: eliminar diferencias regionales (3,3 puntos), aumentar las alícuotas para las obras sociales sindicales, el PAMI y la previsión, eliminar el cómputo de los aportes como pago a cuenta de otros impuestos (poco menos de 3 puntos), y eliminar los topes sobre el salario de aporte.

Por esta vía se da marcha atrás con la baja de impuestos laborales de los años 1995/00 que contribuyeron significativamente a la expansión del empleo entre 1996 y 1998. Pero es inevitable: los impuestos al trabajo son fáciles de recaudar, y si bien a la larga deprimen el salario, nadie se da cuenta en un contexto inflacionario y desordenado quién es el «responsable» por la caída de los ingresos reales.

Es por ello que durante su administración el presidente Alfonsín procuró recaudar por la vía de aumentar hasta 18 puntos porcentuales los impuestos y cargas laborales. La previsión hizo crisis, la informalidad se duplicó y el desempleo creció 3,5 veces.

¿Cuáles son las consecuencias de un mercado laboral así regulado? Por un lado el aumento de costos laborales será durante algún tiempo neutralizado por el descenso en los ingresos que genera la devaluación. Si el tipo de cambio real se mantuviera en los niveles recientemente alcanzados, el «efecto precio» sobre la demanda de trabajo de los mayores costos impositivos no sería apreciable. La devaluación aumenta la flexibilidad del salario real (aunque reduzca la nominal), mientras no se restablezca la indexación. Por lo tanto -tal como ocurrió en el período de desorganización económica de los años '70 y '80- en lugar de una explosión de desempleo podríamos tener una implosión de los ingresos laborales reales. Dado el punto de partida, sin embargo, tendremos algo de ambas cosas: desempleo récord junto con salarios reales muy bajos. Ello garantiza que habrá también un salto en los índices de pobreza.

En el mediano plazo, sin embargo, la flexibilidad se transformará en volatilidad de los costos laborales (hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del momento político). La combinación de costos volátiles con restricciones al despido o a la contratación podría ser letal para el empleo, pues induciría la introducción de tecnologías capital intensivas. De esa forma las empresas evitarían exponerse a periódicas «expropiaciones» por cambios en las normas laborales, aún cuando también reciban periódicamente el subsidio de violentas declinaciones en los costos laborales (por las devaluaciones).

Finalmente en el nuevo «modelo laboral» aumentará la informalidad y la economía negra, ya que la combinación de mayores impuestos y regulaciones junto con desorden macroeconómico constituyen el escenario ideal para la evasión, la corrupción y el auge de las actividades ilegales. Por supuesto existe también la posibilidad de un modelo de regulación laboral que otorgue más libertad a las partes. Pero dicha alternativa es inconsistente con la organización prevaleciente de la economía. Al limitar severamente el derecho de propiedad y alterar los contratos entre privados, se necesita de un mecanismo que sustituya al mercado. De allí que se esté forjando la solución del Estado autoritario.